Según informó el abogado Simon Bekaert, miembro del equipo legal de Valtónyc, los magistrados de Gante decidieron aplazar su decisión para consultar al Tribunal Constitucional sobre si esos delitos están protegidos en Bélgica por el derecho a la libertad de expresión.
En concreto, la pregunta planteará si esos delitos se enmarcan dentro del derecho a la libre expresión o si, por el contrario, violan una ley del siglo XIX que penaliza insultos al rey en Bélgica.
"El Tribunal de Apelación plantea una cuestión prejudicial al Tribunal Constitucional acerca de si la ley especial contra los insultos a la corona está en contra del derecho fundamental a la libre expresión", explicó Bekaert en un mensaje publicado en redes sociales.
The Court of appeal asks a prejuducial question to the Constitutional Court whether or not the special law against insulting the crown is against the fundamental right of freedom of speech. The combat for fundamental rights continues. We have full confidence. @valtonyc
— Simon Bekaert (@Simonbekaert) September 15, 2020
Tras plantear esta cuestión, el Tribunal de Apelación de Gante convocó una nueva vista para el caso el próximo 3 de diciembre.
No obstante, el caso no puede continuar hasta que no se pronuncie el Tribunal Constitucional, por lo que esa fecha es susceptible de sufrir nuevos aplazamientos.
Josep Miquel Arenas Beltrán, conocido como Valtónyc, se trasladó a Bélgica en mayo de 2018 para eludir la acción de la Justicia española luego que la Audiencia Nacional lo condenase a tres años y medio de prisión por el contenido de sus canciones.
Además, el proceso de extradición encuentra complicaciones en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) consideró incorrecta la euroorden emitida sobre el rapero Valtonyc.
En concreto, el TJUE ve incorrecto que al rapero se le aplicara el código penal español de 2015, más severo que el vigente en 2012, cuando se publicaron las canciones.
Las euroórdenes contemplan la entrega automática cuando la sentencia es superior a tres años, periodo con que el reglamento español de 2015 pena este tipo de delitos.
Sin embargo, la norma de 2012, cuando el rapero cometió los hechos por los que fue condenado, limitaba la condena a un máximo de dos años, lo que da a Bélgica un margen de tiempo mayor para analizar el caso antes de tomar una decisión.
