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Fiscalía pide inadmitir las querellas contra el Gobierno español por la gestión del COVID

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MADRID (Sputnik) — La Fiscalía del Tribunal Supremo entregó un informe a la Sala de lo Penal de este órgano rechazando la admisión de las 20 querellas impuestas contra el Gobierno de España por su gestión de la pandemia del COVID-19.
"En cuanto al fondo y contenido de las querellas presentadas hasta la fecha, el informe que se ha presentado el día de hoy solicita su inadmisión", señala la Fiscalía en un comunicado.

Entre los querellantes se encuentran organizaciones muy diversas, desde el partido ultraderechista Vox a asociaciones de Abogados Cristianos, pasando por sindicatos médicos, colegios de enfermería, asociaciones de funcionarios e incluso familiares de fallecidos.

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El informe, que cuenta con una extensión de más de 300 folios, analiza las querellas a título individualizado.

A título general, las conclusiones de la Fiscalía se inclinan a descartar que el Gobierno pueda incurrir en responsabilidades penales por los fallecidos durante la crisis sanitaria, descartando que la falta de materiales de calidad en las primeras semanas suponga un acto delictivo.

Por ejemplo, sobre la querella presentada por los colegios de enfermería, la Fiscalía afirma que "los querellantes se han limitado a atribuir a los querellados muertes y resultados lesivos, sin identificar, los fallecidos o lesionados o las condiciones en que se produjo su contagio".

Del mismo modo, la Fiscalía rechaza los argumentos que acusan al Gobierno de ocultar las verdaderas cifras de la pandemia y los que afirman que el Ejecutivo debía haber previsto la importancia de la crisis sanitaria con anterioridad a que se produjera.

"Parece necesario recordar que el aumento de las cifras oficiales de contagios, así como de muertes, han obedecido al empleo de distintos métodos de detección de la COVID-19, cada vez más precisos", señala.

Según el Ministerio de Sanidad, desde el inicio de la pandemia en España murieron un total de 29.848 personas. Esta estadística solo tiene en cuenta los fallecimientos en personas diagnosticadas con COVID-19.

Otros organismos oficiales, como el Instituto Nacional de Estadística, apuntan a que España acumula este año un exceso de muertes de más de 53.000 personas respecto a las esperadas.

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Aunque la lógica apunta a que un gran número de estas muertes extra fueron por causadas por la COVID-19, con los datos disponibles es imposible discernir la cifra exacta.

Además entran en juego otros factores como el colapso de los hospitales durante la epidemia o el miedo de pacientes con otras dolencias a acudir a urgencias, lo que pudo hacer crecer las muertes por causas no relacionadas directamente con el coronavirus.

En cuanto a los argumentos que apuntan a que el Gobierno debía haber previsto la magnitud de la crisis sanitaria, la Fiscalía responde que "las reglas de la lógica y la sana crítica permiten concluir que resulta sencillamente imposible afirmar que nuestras administraciones debieran haber previsto un escenario como el que finalmente se produjo".

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