El escrito lo firman ocho eurodiputados de distintos partidos y países europeos, cuyo acceso remoto a la vista pública fue bloqueado minutos antes de la reapertura del proceso en Londres, el 7 de septiembre.
"Pedimos acceso completo y sin restricciones al caso de Assange para observadores políticos, agentes sociales, prensa y el público", escriben.
Los políticos se incluyen en un grupo de 40 observadores a quienes la magistrada Vanessa Baraitser negó acceso audiovisual a las visitas públicas del Tribunal Central Criminal, el llamado Old Bailey, pese a que inicialmente habían sido acreditados por el Ministerio de Justicia.
La jueza justificó su decisión de última hora en la requerida necesidad de asegurar el control y el respeto de las normas judiciales.
Los parlamentarios, que atendieron dichas sesiones, expresan su "profunda inquietud por la forma en que se está tramitando" la segunda parte del juicio.
"No podemos observar el caso y consideramos con pesar que esto es una obstrucción", protestan.
Los firmantes, que incluyen parlamentarios de España, Irlanda y Francia, entre otros Estados, denuncian que el "caso Assange se está efectivamente decidiendo en una corte cerrada".