Si bien la pandemia de COVID-19 ha impactado fuerte en todo el mundo, el golpe ha sido devastador para aquellas poblaciones que ya se encontraban vulnerables antes de que la enfermedad se expandiera. Es el caso de los millones de refugiados que hay en el mundo y a los que la pandemia les significó una nueva barrera a la hora de garantizar una vida digna.
De acuerdo a datos del organismo internacional, Costa Rica acoge actualmente a más de 81.000 refugiados nicaragüenses, casi el 80% del total de personas que dejaron Nicaragua en los últimos años, lo que colocó al país como uno de los que más solicitudes de refugio ha recibido en el mundo en el último año, con más de 59.000 solicitudes.
La mayoría de los refugiados nicaragüenses viven en San José, la capital costarricense, o en otras zonas urbanas. Muchos, además, se mantienen gracias a ingresos que obtienen del trabajo informal, el sector de la economía más afectado en función de las medidas restrictivas para prevenir la propagación del coronavirus SARS-CoV-2.
Un relevamiento hecho por Acnur da cuenta de la magnitud de este impacto: antes de la pandemia, el 93% de los refugiados nicaragüenses decía tener ingresos constantes relacionados con el trabajo. Iniciada la pandemia, ese porcentaje cayó a 59%.
La caída de sus ingresos redundó en un nuevo problema para los refugiados: tres cuartos de los nicaragüenses en Costa Rica solo comen una o dos veces al día. En efecto, actualmente el 63% de los refugiados solo comen dos veces al día. Más grave aún, la cantidad de refugiados que solo cuentan con una comida diaria pasó del 3% previo a la pandemia a un 14%.
La percepción tiene su correlato en datos oficiales: hasta finales de agosto, 3.000 desplazados habían retirado su solicitud de asilo en Costa Rica.
Por si fuera poco, las dificultades económicas también afectan a la propia actividad de Acnur en Costa Rica: de los 26,9 millones de dólares del presupuesto que la agencia proyectó para 2020, solo logró financiar el 46%. Los fondos de Acnur en Costa Rica se destinan para dar asistencia económica a 1.221 familias, además de asegurar la cobertura sanitaria de unos 6.000 refugiados.
