"El gobierno interino de Bolivia abusa del sistema de justicia para perseguir a colaboradores y partidarios del expresidente Evo Morales, quien enfrenta cargos por terrorismo que, a la luz de las pruebas, parecen responder a motivaciones políticas", dijo HRW, citando un resumen del informe en español publicado por el organismo.
**Nuevo informe**
— Human Rights Watch (@hrw_espanol) September 11, 2020
El gobierno de @JeanineAnez persigue a @evoespueblo
y sus partidarios.
Se aprovecha de un poder judicial sin independencia que el propio Morales ayudó a debilitar
INFORME #Bolivia:Abuso del sistema de justicia para perseguir a opositores https://t.co/5QbAgoORcM pic.twitter.com/DuQESFa93y
El informe La justicia como arma: Persecución política en Bolivia reportó que en casos impulsados por el Gobierno de Jeanine Áñez había "cargos infundados o desproporcionados, violaciones del debido proceso, cercenamiento de la libertad de expresión y uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva".
HRW advirtió que también hubo "casos de abuso del sistema de justicia contra opositores a Morales durante su gobierno" y que desde su ascenso al poder en noviembre de 2019 Añez tuvo la oportunidad de romper con el pasado y asegurar la independencia judicial.
Supuestos delitos
En vez de mejorar la justicia, Áñez "ha presionado de forma pública a fiscales y jueces para que actúen de manera favorable a sus objetivos, dando lugar a investigaciones penales contra más de 100 personas vinculadas al gobierno de Morales o simpatizantes por supuestos delitos de sedición o terrorismo", dijo HRW.
Según el organismo de derechos humanos, decenas de seguidores de Morales han sido procesados por pertenencia a una "organización criminal", incumplimiento de deberes y hasta delitos de terrorismo por publicar opiniones en internet, pero "a la luz de la evidencia, muchos de los casos parecen perseguir fines políticos".
En esa llamada grabada en video, el supuesto Morales hace referencias a impedir el paso a las ciudades de toda clase de productos, incluidos alimentos, diciendo "combate, combate", "dura batalla a la dictadura" en referencia al recién instalado Gobierno de Áñez.
"Los manifestantes en Bolivia frecuentemente utilizan los términos 'combate' y 'batalla' en alusión a sus protestas. El bloqueo de carreteras también es una forma de protesta común en Bolivia y otros países de la región", anotó HRW, recordando que durante la crisis de 2019 tanto simpatizantes como opositores de Morales bloquearon calles y carreteras.
El informe añadió que "los fiscales sostienen que Morales ordenó que se cometieran actos de violencia. Sin embargo, las pruebas incluidas en el expediente a las cuales tuvo acceso Human Rights Watch —que consisten, principalmente, en esa única llamada telefónica— no dan el menor sustento a esa acusación".
El organismo de derechos humanos afirmó que las declaraciones atribuidas a Morales son "sin duda precupantes" y deberían ser procesadas si la ley boliviana las tipifica como delito.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, dijo al presentar el informe que consideraba "crucial" que los fiscales y jueces bolivianos actúen de manera independiente, respeten los derechos fundamentales y no sean una herramienta para perseguir a opositores políticos del Gobierno de turno.
