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Human Rights Watch denuncia abuso judicial en el proceso contra Evo Morales en Bolivia

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LA PAZ (Sputnik) — Human Rights Watch (HRW) denunció como "infundados o desproporcionados" los cargos de terrorismo con los cuales el Gobierno transitorio de Bolivia procesa al expresidente Evo Morales (2006-2019), en un "abuso" del sistema judicial que fue debilitado por el mismo exgobernante.

"El gobierno interino de Bolivia abusa del sistema de justicia para perseguir a colaboradores y partidarios del expresidente Evo Morales, quien enfrenta cargos por terrorismo que, a la luz de las pruebas, parecen responder a motivaciones políticas", dijo HRW, citando un resumen del informe en español publicado por el organismo.

​El informe La justicia como arma: Persecución política en Bolivia reportó que en casos impulsados por el Gobierno de Jeanine Áñez había "cargos infundados o desproporcionados, violaciones del debido proceso, cercenamiento de la libertad de expresión y uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva".

HRW advirtió que también hubo "casos de abuso del sistema de justicia contra opositores a Morales durante su gobierno" y que desde su ascenso al poder en noviembre de 2019 Añez tuvo la oportunidad de romper con el pasado y asegurar la independencia judicial.

Supuestos delitos

En vez de mejorar la justicia, Áñez "ha presionado de forma pública a fiscales y jueces para que actúen de manera favorable a sus objetivos, dando lugar a investigaciones penales contra más de 100 personas vinculadas al gobierno de Morales o simpatizantes por supuestos delitos de sedición o terrorismo", dijo HRW.

Según el organismo de derechos humanos, decenas de seguidores de Morales han sido procesados por pertenencia a una "organización criminal", incumplimiento de deberes y hasta delitos de terrorismo por publicar opiniones en internet, pero "a la luz de la evidencia, muchos de los casos parecen perseguir fines políticos".

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El informe destacó, entre varios casos de "abuso" de la justicia contra Morales y sus seguidores, el proceso por terrorismo, financiamiento del terrorismo y sedición impulsado a partir de una supuesta llamada desde el exilio del exgobernante a un seguidor, para coordinar un bloqueo de protesta contra Áñez.

En esa llamada grabada en video, el supuesto Morales hace referencias a impedir el paso a las ciudades de toda clase de productos, incluidos alimentos, diciendo "combate, combate", "dura batalla a la dictadura" en referencia al recién instalado Gobierno de Áñez.

"Los manifestantes en Bolivia frecuentemente utilizan los términos 'combate' y 'batalla' en alusión a sus protestas. El bloqueo de carreteras también es una forma de protesta común en Bolivia y otros países de la región", anotó HRW, recordando que durante la crisis de 2019 tanto simpatizantes como opositores de Morales bloquearon calles y carreteras.

El informe añadió que "los fiscales sostienen que Morales ordenó que se cometieran actos de violencia. Sin embargo, las pruebas incluidas en el expediente a las cuales tuvo acceso Human Rights Watch —que consisten, principalmente, en esa única llamada telefónica— no dan el menor sustento a esa acusación".

El organismo de derechos humanos afirmó que las declaraciones atribuidas a Morales son "sin duda precupantes" y deberían ser procesadas si la ley boliviana las tipifica como delito.

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"Sin embargo, aplicar la definición de terrorismo (...) para conseguir una condena a 20 años de cárcel contra Evo Morales no guarda ninguna proporción con la conducta reflejada en la llamada telefónica y más bien parece un ataque político contra Morales y sus partidarios", insistió HRW.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, dijo al presentar el informe que consideraba "crucial" que los fiscales y jueces bolivianos actúen de manera independiente, respeten los derechos fundamentales y no sean una herramienta para perseguir a opositores políticos del Gobierno de turno.

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