Por unanimidad, los magistrados de la Corte Constitucional resolvieron "declarar la vulneración de los derechos constitucionales al debido proceso (…) y a la libertad de expresión (…), dejar sin efecto la sentencia del 26 de septiembre de 2012", dice la sentencia hecha pública por la Corte Constitucional.
En su sentencia, la Corte Constitucional también ordenó al TCE que ofrezca disculpas públicas y la publicación de la sentencia por el lapso de 6 meses consecutivos, en su portal web y en sus redes sociales.
La decisión de la Corte Constitucional es la respuesta a una acción extraordinaria de protección, resuelta ocho años después de ocurridos los hechos.
En la sentencia, la Corte también destaca la "especial importancia" de proteger la libertad de expresión en el debate que precede a las elecciones.
En criterio de la Corte, prohibir generalmente toda manifestación o publicación a los medios de comunicación o actores relevantes por inducir a las y los electores, no necesariamente protege al elector, sino que podría tener como objetivo o efecto real, silenciar a los medios de comunicación, a los actores políticos o actores relevantes, e incluso a la opinión crítica de los gobiernos de turno.
La Corte exhortó a los jueces y a las autoridades del sector público a precautelar la libertad de expresión y la aplicación de los criterios vertidos en su sentencia, con la finalidad de que cada acto del poder público, administrativo, legislativo o jurisdiccional sea compatible con la libertad de expresión.
El fallo de la Corte Constitucional se da en momentos en que está por iniciarse el proceso electoral que culminará el próximo año con la elección del presidente que reemplazará a Lenín Moreno, y la elección de 137 legisladores.
