"El pueblo bielorruso tiene tres exigencias simples: la salida [del actual presidente de Bielorrusia, Alexandr] Lukashenko y unas nuevas elecciones que sean justas y trasparentes y que cuenten con la participación de todos los candidatos, la liberación de todos los presos políticos y la investigación de los crímenes cometidos por las autoridades contra el pueblo bielorruso", dijo Tijanóvskaya, que ahora se encuentra en Lituania, en un mensaje de vídeo publicado en su canal de Telegram.
La expresidenciable aseguró que las acciones de la oposición bielorrusa en ninguna de las etapas se podrían considerar como "una lucha contra Rusia ni desembocarán en esta".
Tijanóvskaya pidió no creer a los medios propagandísticos ni a los políticos que dicen lo contrario, al destacar la importancia de "no arruinar las relaciones entre los pueblos" de Bielorrusia y Rusia que "siempre han sido países vecinos y amigos".
"Rusia desempeña un rol muy importante en la vida de Bielorrusia, nos unen vínculos comerciales y no podemos darle la espalda, siempre será nuestro vecino y necesitamos tener buenas relaciones", dijo en un foro económico internacional celebrado en la ciudad polaca de Karpacz.
La opositora señaló que necesitan desarrollar buenas relaciones con todos los vecinos.
"Pedimos a todos los países que por ahora nos dejen a nosotros ocuparnos de nuestros problemas", agregó Tijanóvskaya.
También declaró que la oposición bielorrusa pedirá ayuda a la Unión Europea si no logra entablar un diálogo con las autoridades.
"Si en los próximos días vemos que no existe ninguna posibilidad de iniciar un diálogo y que la violencia continúa, pediré ayuda a los países europeos y lo haré abiertamente", afirmó la opositora.
La oposición bielorrusa denunció numerosas irregularidades electorales y por ello exige una repetición de los comicios, opción que Lukashenko ha descartado en términos contundentes.
Para resolver la crisis política, la oposición formó el Consejo de Coordinación y en respuesta las autoridades bielorrusas abrieron un expediente penal contra esta organización por un delito tipificado en el artículo 361 del Código Penal, que castiga con penas de hasta cinco años de cárcel los llamamientos a derrocar el poder o cambiar de forma violenta el orden constitucional en el país.
