El bloque comunitario condenó las detenciones que se produjeron en el país "por motivos políticos" tras el inicio de la campaña electoral presidencial.
"La UE espera que las autoridades bielorrusas garanticen la liberación inmediata de todos los detenidos por motivos políticos antes y después de las elecciones presidenciales falsificadas del 9 de agosto", dice el comunicado.
Mientras, un total de 633 personas fueron detenidas durante las protestas del domingo 6 en Bielorrusia, añadió el alto diplomático.
"Es evidente que las autoridades estatales de Bielorrusia continúan intimidando o permitiendo la intimidación de sus ciudadanos de una manera cada vez más ilegal y violando (...) tanto sus propias leyes nacionales como sus obligaciones internacionales", señala la nota.
La sociedad civil bielorrusa y los que participan en los debates sobre el futuro de Bielorrusia, incluidos los miembros del Consejo de Coordinación, deben ser protegidos de la intimidación, el exilio forzoso, la detención arbitraria y la violencia, subrayó Borrell.
"Esperamos que las autoridades cesen la persecución política y participen en un diálogo nacional inclusivo, en el pleno respeto de los derechos democráticos y fundamentales del pueblo bielorruso", expresó el alto diplomático.
Avisó que la UE impondrá sanciones a las personas responsables de la "violencia, la represión y la falsificación de los resultados electorales" en Bielorrusia.
El Consejo, promovido por la líder de la oposición bielorrusa y excandidata presidencial Svetlana Tijanóvskaya, organizó su primera reunión el 19 de agosto, en la cual aprobó una resolución que reitera que el organismo está centrado en encontrar una vía para resolver la crisis política en Bielorrusia mediante negociaciones que deben comenzar de manera inmediata.
Las autoridades bielorrusas abrieron un expediente penal contra el Consejo de Coordinación por un delito, tipificado en el artículo 361 del Código Penal, que castiga con penas de hasta cinco años de cárcel los llamamientos a derrocar el poder o cambiar de forma violenta el orden constitucional en el país.
