El CC se instituyó por la oposición, descontenta con los resultados de las elecciones presidenciales celebradas en Bielorrusia el 9 de agosto. La Fiscalía General del país abrió un expediente basándose en el Artículo del Código Penal sobre los llamamientos a tomar el poder, mientras el CC afirma que sus metas y los métodos de lograrlas son legítimos y se basan en la Constitución bielorrusa.
El Consejo Coordinador difundió este 7 de septiembre una declaración en la que afirma que una integrante del CC, Olga Kovalkova, fue deportada por fuerza del país; otra, Lilia Vlásova, detenida, y el miembro de la presidencia del CC Serguéi Dilevski se encuentra bajo arresto administrativo.
"Son métodos ilegítimos que solo pueden llevar al agravamiento de la situación, la profundización de la crisis y el aumento de las protestas en el país", declaró.
También afirmó que "en vez de intentar sostener diálogo con la sociedad, las autoridades han empezado a usar abiertamente métodos de intimidación", recordando que "el proceder de las personalidades oficiales, relacionado con el uso de la violencia y dirigido a reprimir la actividad política de los ciudadanos, se califica como crimen de lesa humanidad y no tiene plazo de prescripción".
Según el escrutinio oficial, Lukashenko obtuvo el 80,1% de los votos, seguido de la opositora Svetlana Tijanóvskaya, con el 10,12% de los apoyos.
La oposición denunció numerosas irregularidades electorales, proclamó como ganadora a Tijanóvskaya y exigió una repetición de los comicios, opción que Lukashenko ha descartado en términos contundentes.
En los primeros días de las protestas las fuerzas del orden recurrieron al gas lacrimógeno, las balas de goma, los cañones de agua y las granadas aturdidoras para dispersar a los manifestantes.
Según el Ministerio del Interior, las movilizaciones se saldaron con tres muertos, centenares de heridos, entre ellos más de 120 agentes y más de 6.700 detenciones.
