El confinamiento y las restricciones a viajeros en todo el mundo no solo dejaron calles, bares y restaurantes vacíos, también la mayoría de las 9.600 viviendas de uso turístico de la capital catalana.
Con la ciudad desprovista de turistas, más de 5.900 de estos alojamientos —el 62% del total— se marcharon de las plataformas de alojamientos temporales como Airbnb para comenzar a buscar inquilinos estables.
"Los propietarios se vieron en una situación muy complicada porque para muchos de ellos eran su forma de vida y su pensión y desde marzo los tienen vacíos", afirma en declaraciones a Sputnik el presidente de la asociación, Enrique Alcántara.
En busca de inquilinos para un largo tiempo
Tener una casa vacía no es rentable, porque los propietarios siguen teniendo gastos pese a no contar con ningún ingreso, lo que llevó a muchos a ofrecer estancias prolongadas.
"Se están haciendo todo tipo de contratos, desde temporales para estudiantes que vienen a pasar el año a alquileres más tradicionales de hasta cinco años", explica el presidente de Apartur.
El COVID-19 no ha dejado otra alternativa a un modelo de negocio muy polémico en Barcelona, donde la oferta al alquiler tradicional se hundió en los últimos años y la consecuente subida de precios desplazó a muchos vecinos de barrios céntricos.
Ahora, con la crisis generada por el COVID-19 y la caída del turismo los propietarios que tenían licencias no dudan en virar la oferta para garantizar ingresos.
Aunque el fenómeno se ha disparado especialmente en Barcelona, un escenario similar se repite en Madrid, donde el 25% de pisos turísticos se pasaron al alquiler residencial durante la pandemia.
En el conjunto de España el impacto es mucho menor: este método de supervivencia se llevó un 6% de los alquileres vacacionales, según datos de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur).
Reinventarse para sobrevivir
En un intento de aprovechar los miles de pisos que siguen vacíos, el Ayuntamiento de Barcelona inició una colaboración con el sector para alojar a familias en situación de vulnerabilidad que estén a la espera de una vivienda social.
El consistorio de Ada Colau se comprometió el pasado julio a abonar entre 700 y 1.200 euros al mes, además de gastos de limpieza y suministros, a los propietarios que cedan sus viviendas por un período de entre 11 meses y tres años.
"Ya estamos difundiendo toda la información que nos ofrece el Ayuntamiento a los propietarios. Creemos que es algo bueno para todos: los propietarios tendrán algún ingreso estable que les permita subsistir y Barcelona tendrá a su disposición más viviendas para urgencias", afirma el presidente de la patronal.
Ante la grave crisis sanitaria, el sector también buscó aportar su grano de arena a la lucha contra el COVID-19 y ofreció pisos vacíos de forma gratuita para alojar a personal sanitario de hospitales y residencias.
Hasta 170 apartamentos sirvieron de alojamiento temporal de médicos, enfermeras y personal de residencias que tenían que aislarse de sus familias y permanecer cerca de sus lugares de trabajo.
La recuperación, todavía lejos
El sector no acierta a pronosticar cuánto puede durar esta situación inédita en Barcelona, que depende por completo de que los países comiencen a levantar restricciones a los viajes internacionales.
Desde Apartur dan por perdido el 2020 y esperan recuperar parte de la normalidad a partir de la primavera del año que viene.
"Creemos y hay encuestas que lo dicen, que los clientes ven más seguro viajar a un apartamento que a un hotel, por lo que esto puede ir bien en cuando se reactive el turismo", augura Alcántara.
Para la patronal, la prioridad ahora es amortiguar lo máximo posible el impacto de la crisis en los 5.000 puestos de trabajo que la gestión de estos alojamientos genera de forma directa, además de otros miles indirectos.
