"Me siento muy feliz por promulgar estas leyes en favor del pueblo boliviano y sobre todo de este sector [minero], que ha sacado adelante a nuestro país en el tema productivo económico", dijo la jefa del Parlamento y del Senado, Eva Copa, según un reporte de su oficina de prensa.
Los contratos amplían las áreas de trabajo concedidas a cooperativas mineras, un sector integrado por más de 100.000 trabajadores que no dependen de las empresas privadas ni de la estatal Corporación Minera de Bolivia.
El informe parlamentario indicó que la promulgación de las leyes se realizó a última hora del 2 de septiembre y puso en vigencia 176 contratos de explotación minera que habían sido aprobados por el Parlamento a principios de año y no fueron firmados por la presidenta Áñez.
La promulgación o puesta en vigencia de nuevas leyes sancionadas por el Parlamento ha enfrentado en los últimos meses al órgano legislativo con el Gobierno de Áñez, que ha acudido a acciones de bloqueo, como consultas al Tribunal Constitucional o demoras en la publicación de esas normas en la Gaceta Oficial.
El Gobierno se rehusó esta semana a publicar tres leyes sobre la lucha contra la pandemia de COVID-19, promulgadas por Copa con un aval del Tribunal Constitucional tras la negativa de Áñez a firmarlas en el plazo de diez días que fija la Constitución.
Las leyes promulgadas pero aún no vigentes por no estar publicadas en la Gaceta se refieren a:
- una rebaja de los alquileres de viviendas y oficinas,
- la donación de plasma para tratamiento de pacientes con COVID-19,
- la atención en clínicas privadas de pacientes remitidos por los servicios públicos de salud.
"El Ejecutivo sigue incumpliendo su deber constitucional de publicar leyes en favor de los bolivianos en la Gaceta Oficial, inventa procedimientos que no se encuentran en ninguna ley", denunció Copa ante la negativa gubernamental a poner en vigencia las leyes de la polémica.
El Gobierno de Áñez ha bloqueado también, con recursos ante el Tribunal Constitucional que permanecen sin resolución, leyes de control de gastos públicos en la pandemia y de restricción del uso de fuerza pública en situaciones de emergencia, entre otras.
El Parlamento, por su parte, presiona al Gobierno con investigaciones sobre varios casos de presunta corrupción en contratos relacionados con la pandemia y ha rechazado un crédito del FMI gestionado por Áñez, por considerarlo condicionado a cambios de política económica, incluida una eventual devaluación.
