La reestructuración avanzada por el diario La Vanguardia, que Torra tiene previsto anunciar en una rueda de prensa a lo largo de esta jornada, incluye el relevo del consejero de Interior, Miquel Buch, conocido por su papel a cargo de la policía catalana.
El liderazgo de Buch durante las violentas protestas, que se saldaron con decenas de manifestantes y agentes heridos, fue cuestionado por el mismo Torra, que entonces estuvo cerca de destituir al titular de Interior.
Otro de los cambios afectará a la responsable de Cultura, Mariàngela Vilallonga, que será sustituida por Àngels Ponsa, una profesora que compagina la docencia con la política y recientemente se integró en el nuevo partido del expresidente Carles Puigdemont.
Vilallonga protagonizó varias polémicas en torno al uso del idioma catalán, como cuando aseguró haber dado "un toque de atención" a directivos de la televisión pública (TV3) al detectar "demasiada" presencia del castellano en sus contenidos.
La última alteración en el seno del ejecutivo de Torra será la salida de la consejera de Empresa, Àngels Chacón, uno de los puntales de la negociación con la multinacional Nissan para evitar el cierre de su planta de Barcelona.
En su lugar entrará Ramon Tremosa: economista, antiguo diputado del Parlamento Europeo y uno de los considerados "leales" al expresidente Puigdemont, que afrontará el reto de gestionar el turismo, una de las áreas más afectadas por la pandemia del coronavirus.
El presidente catalán fue declarado culpable de un delito de desobediencia por haberse negado a retirar unas pancartas con mensajes de ideología independentista de la fachada de varios edificios públicos, incluida la sede gubernamental, durante la campaña electoral de las elecciones españolas de abril de 2019.
En una entrevista reciente con TV3, el líder independentista asumió que el Supremo fallará en su contra y será inhabilitado, por lo que pidió a los partidos independentistas que no elijan a un candidato para sustituirlo.
Si el independentismo no propone a un posible sucesor, el Gobierno quedará automáticamente en manos del vicepresidente, Pere Aragonès, y se activará la cuenta atrás para una convocatoria de elecciones en Cataluña.
