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Por primera vez en la historia un exministro franquista rinde cuentas ante la justicia

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BUENOS AIRES (Sputnik) — El exministro español Rodolfo Martín Villa se ha convertido en el primer imputado por crímenes de lesa humanidad durante el franquismo que es interrogado por la justicia.

No rindió cuentas ante los tribunales españoles, sino ante una jueza argentina, María Servini, que desde 2010 instruye la única causa del mundo en indagar lo sucedido durante la dictadura española. Martín Villa tuvo que presentarse en el Consulado argentino de Madrid, donde fue indagado por videoconferencia por la magistrada desde las 11.00 hora local (14.00 GMT). Salió de la sede diplomática pasadas las 17.00 horas (20.00 GMT), según transmitieron a Sputnik fuentes de la querella.

Acusaciones

El exministro está acusado de doce homicidios agravados durante el período de la Transición que siguió a la muerte del dictador Francisco Franco en 1975. Era ministro de Relaciones Sindicales (1975-1976), cuando tuvo lugar una matanza en Vitoria en la que fueron asesinados cinco obreros: Pedro María Martínez, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo García, y Bienvenido Pereda Moral.

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Martín Villa ocupaba el Ministerio de Gobernación o de Interior (1976-1979), cartera que tenía las Fuerzas de Seguridad a su mando, cuando la Guardia Civil y la Policía Armada dispararon a Ramón Gómez Jáuregui, José Luis Cano y Francisco Javier Fernández Núñez en el municipio de Rentería, en la provincia vasca de Guipúzcoa (norte), durante la semana proamnistía que en mayo de 1977 movilizó a miles de personas todo el país.

Al exministro también se le acusa de la muerte de Jesús María Zabala, asesinado en 1976 durante una represión en la localidad guipuzcoana de Hondabarría (norte); de María Menchaca, asesinada se año en Vizcaya (norte) por un grupo parapolicial; y de Arturo Ruiz, acribillado en Madrid en 1977 por un comando ultraderechista.

En 2019 se incorporó una nueva imputación en su contra por el asesinato de Germán Rodríguez durante los Sanfermines de 1978 en Pamplona (norte).

Los delitos de lesa humanidad que investiga Servini desde la apertura de la causa, en 2010, ocurrieron entre el 17 de julio de 1936, fecha del golpe cívico-militar que comandó Franco, y el 15 de junio de 1977, cuando se celebraron las primeras elecciones democráticas.

En su defensa

A ocho días de declarar, ingresaron al juzgado de Servini una serie de cartas en apoyo a Martín Villa que hizo llegar su abogado, Fernando Goldaracena. Provenían nada menos que de los últimos cuatro expresidentes que tuvo España: Felipe González (1982-1996), José María Aznar (1996-2004), José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) y Mariano Rajoy (2011-2018). También acudieron en su defensa con sus respectivas misivas los exsecretarios generales de los dos sindicatos principales de España, CC.OO y UGT, y dos juristas considerados "padres" de la Constitución española.

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Todos ellos alababan al exministro como un paladín de la democracia. Alguno más desenvuelto, como Mariano Rajoy, del PP, y Felipe González, del PSOE, recriminaban las "falsedades en la que se sustenta la acusación", la cual representa a las víctimas del franquismo, y osaban pedir a la jueza que procediera contra la querella por mancillar el honor de un adalid comprometido con el Estado de derecho que tanto contribuyó al nacimiento de un nuevo país.

Resolución

La magistrada argentina tiene ahora diez días para decidir si procesa a Martín Villa, lo absuelve, o toma más medidas de prueba.

El exministro es uno de los 15 españoles de los 20 originales sobre los que Servini dictó una orden internacional de captura en octubre de 2014. Su orden no se ejecutó porque las autoridades españolas se negaron a colaborar con la jueza.

Han sido una constante, de hecho, los obstáculos que desde el Gobierno y el Poder Judicial se han presentado a lo largo de todo el proceso para impedir incluso la exhumación de víctimas del franquismo, una dictadura que causó más de 143.000 desaparecidos.

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El relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, advirtió a España en julio de 2014 su "obligación internacional del Estado de extraditar o juzgar, y que sólo podrá denegar la extradición de los acusados de la justicia española para iniciar la investigación y juzgar a los responsables".

España alega que los delitos han prescrito y que a los acusados les ampara la Ley de Amnistía de 1977. Se olvida de cuando hasta 2014 era elogiada por aplicar el principio de justicia universal, que permite a cualquier país investigar crímenes imprescriptibles con independencia de dónde o cuándo se hayan cometido.

En virtud de esta figura, el país europeo consiguió junto a Argentina el arresto del dictador chileno Augusto Pinochet en octubre de 1988. El exjuez español Baltasar Garzón pudo a su vez procesar a 98 militares argentinos por delitos durante la última dictadura argentina (1976-1983), proceso que luego continuó la propia nación sudamericana a partir de 2003, con el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007).

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