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La oposición chilena denuncia al ministro de Interior tras la huelga de camioneros

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SANTIAGO (Sputnik) — Un grupo parlamentario de todos los partidos de la oposición chilena se reunió en el Congreso y anunció que presentará una acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, denunciando que no hizo cumplir la ley durante los siete días que se extendió la huelga nacional de los camioneros.
"Queremos anunciar que las bancadas de todos los partidos de la oposición hemos resuelto redactar una acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez", declaró en una conferencia de prensa el líder de la bancada de diputados del Partido Por la Democracia (centroizquierda), diputado Raúl Soto.

Los diputados en conjunto acusaron que Pérez se negó a ocupar la legislación vigente para terminar con la movilización de los camioneros en las carreteras, permitiendo que los bloqueos en las vías produjeran desabastecimiento de alimentos en el país y problemas en los traslados de personal médico e insumos para el combate contra el COVID-19.

Los partidos de oposición denuncian que el Gobierno le dio un trato privilegiado a la manifestación de los camioneros, en comparación con cualquier otra protesta ciudadana que habría terminado rápidamente con represión policial.

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Además, rechazan el acuerdo al que llegó el Ejecutivo con los dueños de camiones para finalizar la movilización, afirmando que se le otorgaron demasiados beneficios con recursos estatales.

La acusación constitucional tiene como objetivo destituir a un ministro de su cargo y prohibirle ejercer cargos públicos en los próximos cinco años.

En el sur de Chile, en particular en las regiones de La Araucanía y Biobío, se vienen produciendo ataques incendiarios hace varios años.

Estos afectan principalmente a camiones, iglesias y maquinaria forestal, y son atribuidos por algunos a las causas de reivindicación territorial del pueblo mapuche, pero aquello no ha sido confirmado por la justicia.

Los camioneros estuvieron en huelga durante una semana pidiendo más resguardo policial y más atribuciones para los servicios de inteligencia con el fin de poder frustrar los ataques, y además, exigieron una serie de beneficios fiscales que les fueron otorgados por el Gobierno.

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