En esa nota la Fiscalía dice que "la preocupación por la garantía de la salud es comprensible y compartida" pero recuerda que "en los tramos de edad comprendidos entre 6 y 16 años persiste la obligación legal de escolarización imperativa".
"El absentismo escolar constituye una preocupación para la Fiscalía por cuanto la educación repercute de manera trascendental en el desarrollo de los menores y, por extensión, en el de la sociedad en su conjunto", añade la nota.
Por ello, el Ministerio Público se mantendrá vigilante para emprender medidas legales, cuando los centros educativos detecten "casos de inasistencia voluntaria e injustificada".
La respuesta institucional —prosigue la nota— intentará adecuarse a la situación concreta de los afectados, tomando en especial consideración la actual situación de pandemia y los riesgos sanitarios derivados para el conjunto del ámbito familiar.
En consecuencia, solo se actuará "en casos que carezcan de justificación clara", en los que la Fiscalía promete actuar incluso "hasta ejercitar la acción penal" contra los padres.
Este anuncio de la Fiscalía llega en víspera del inicio del curso escolar en varios territorios de España, como en Madrid, previsto para este 4 de septiembre, todo ello en un contexto de expansión de los casos de COVID-19.