"Asumo la responsabilidad del Estado y ofrezco una disculpa por este suceso doloso e indolente, expresión de un Estado anquilosado y ajeno a los derechos e intereses de la comunidad que pretendió ocultar esta tragedia alternado incluso la escena del crimen para criminalizar a las propias víctimas", dijo en la ceremonia el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
Este año se cumplirán 23 años de la tragedia ocurrida en esa comunidad del municipio de Chenalhó, estado Chiapas.
El funcionario federal asumió la responsabilidad del Estado en "reconocer la verdad de los hechos, en atender la demanda de procuración de justicia, de reparar integralmente a las víctimas y generar las condiciones para la reconciliación y la paz en esta importante región del país".
El acuerdo amistoso
El acuerdo de solución amistosa incluye a familiares de 18 de las 45 víctimas fallecidas y 12 de los 26 sobrevivientes de la masacre.
Los familiares de las restantes víctimas esperan recibir el informe de fondo por parte de la CIDH.
"Nunca más otro Acteal, queremos un México en paz donde podamos todos vivir dignamente y tener la oportunidad de prosperar", expresó Encinas en el acto.
En una incursión paramilitar en la localidad de Acteal, fueron atacados de 1997, indígenas tzotziles de la organización "Las Abejas", dos días antes de la Navidad.
El Gobierno mexicano de la época, que encabezaba el entonces presidente Ernesto Zedillo, calificó la masacre como un conflicto étnico entre comunidades.
Pero la oposición y grupos defensores de derechos humanos la consideraron como parte de una estrategia del gobierno para desarticular la base social de la localidad de Acteal.
El crimen oficialmente fue castigado, pero el procedimiento policial y judicial fue muy irregular, y la comunidad sigue exigiendo garantías, porque consideran que el crimen permanece impune.
