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El Gobierno de Brasil presenta una reforma que excluye a militares, jueces y legisladores

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RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El Gobierno de Brasil presentó su propuesta de reforma de la administración pública, que afectará a decenas de miles de funcionarios pero no a militares, jueces ni parlamentarios.

Según informó el ministerio de Economía en un comunicado, las nuevas reglas valdrán "para los funcionarios de todos los poderes [Ejecutivo, Legislativo y Judicial] y en todas las esferas [federal, estadual y municipal]; se quedan fuera apenas los militares y los miembros de los poderes".

Los "miembros de los poderes" son los jueces, parlamentarios, gobernadores y alcaldes, por lo que la reforma básicamente afectará al personal más técnico, no a los cargos políticos.

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La principal novedad de la propuesta es que incluye la posibilidad de despido y nuevos criterios de evaluación del trabajo basados en la productividad y el rendimiento.

La iniciativa no afectará a los actuales funcionarios, sino a los que empiecen a trabajar para el Estado una vez aprobada la nueva norma.

La principal forma de acceso seguirá siendo el concurso, pero además del conocimiento teórico se evaluarán competencias profesionales y la actuación práctica ante el público.

En un lugar de un único régimen jurídico, habrá cinco tipos de vínculo con la administración: vínculo de experiencia, por plazo determinado, con plazo indeterminado, cargo típico de Estado y cargo de liderazgo y asesoramiento.

Tan solo mantendrán la estabilidad (la imposibilidad de ser despedidos) los cargos típicos de Estado, los que se entiende que realizan funciones esenciales; cuáles son esas funciones será definido por otra ley.

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La propuesta de la reforma administrativa también quiere dar más poder al presidente de la República para extinguir cargos, gratificaciones, funciones de órganos, reorganizar autarquías y fundaciones, entre otras posibles medidas.

Hasta ahora, en la mayoría de ocasiones se necesita la aprobación de una ley, pero si la reforma sale adelante bastará un decreto presidencial.

El proyecto se presentó al Congreso Nacional en forma de Propuesta de Enmienda a la Constitución y tendrá que ser aprobada tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado.

Después de la reforma de las pensiones, aprobada el año pasado, esta iniciativa compone, junto con la reforma tributaria (también pendiente), uno de los pilares de las propuestas del equipo económico del Gobierno de Brasil.

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