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La familia de Franco deberá devolver el Pazo de Meirás al Estado español

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MADRID (Sputnik) — La familia de Francisco Franco deberá devolver al dominio público español el Pazo de Meirás, un inmueble señorial situado en el municipio de Sada (La Coruña) que el dictador utilizó como residencia estival y después legó a sus descendientes.

Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, un juzgado de La Coruña "ha estimado íntegramente la demanda interpuesta por el Estado y lo declara propietario del Pazo de Meirás, por lo que condena a la familia Franco a la devolución del inmueble".

La sentencia afirma que la compraventa en 1941 del inmueble con la que Franco consiguió inscribir la finca a su nombre "fue una simulación", por lo que debe ser anulada.

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Según recuerda la jueza firmante de la sentencia, tres años antes, en 1938, se constituyó una junta para comprar y regalar el Pazo de Meirás "al Generalísimo de los Ejércitos y Jefe del Estado Nacional".

"Su nombre era Francisco Franco Bahamonde, pero no se le regala a él por sí mismo, sino al jefe del Estado", aclara.

En consecuencia, la magistrada "no comparte" las alegaciones de la familia en cuanto a la supuesta intención de que la finca se regalase a Franco a título personal, aunque este se inscribiera posteriormente como su dueño.

"Al entender que la propiedad del pazo corresponde al Estado, la juez declara también nula la parte de la escritura por la que los herederos de Franco se hicieron con el inmueble", prosigue.

La sentencia, que consta de 400 páginas, puede ser recurrida ante otras instancias.

Sobre el momento en el que se presenta la demanda, que los letrados de la familia Franco consideraron un retraso desleal, la magistrada entiende que "la posibilidad de articular la demanda nace de un importante estudio histórico y de un consenso social, logrado tras muchos años, que responde a una madurez de nuestro sistema democrático".

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En ese sentido, destaca que el Estado "nunca renunció a sus derechos" sobre el Pazo.

La sentencia rechaza también la pretensión de la familia de recibir una indemnización por los gastos en los que afirma haber incurrido para el mantenimiento de la propiedad.

Según la magistrada, esta petición está formulada "de mala fe", ya que durante décadas los gastos relacionados con gestión del Pazo recayeron sobre los hombros de las arcas públicas.

La decisión de la jueza fue recibida con júbilo por parte del Gobierno español.

"Nada se construye sobre la desmemoria y la democracia solo avanza sobre esa certeza […] Es un fallo histórico que abre las puertas a la justicia y a la reparación", dijo en redes sociales la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, nacida en La Coruña.

​El fallo acaba con uno de los símbolos de la impunidad del franquismo tras la transición a la democracia, arrebatando a la familia del dictador el privilegio de poseer más de tres hectáreas de terreno con un inmueble de estilo romántico declarado como bien de interés cultural.

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