"Jaime Enrique Granados (…) en mi condición de defensor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, acudo, de forma respetuosa, ante su Honorable Despacho a fin de solicitar (…) la libertad inmediata de mi prohijado", señala una carta de Granados dirigida a la Fiscalía y que fue revelada por el diario local El Tiempo.
Granados, un reconocido jurista colombiano y quien encabeza el equipo de abogados que defiende a Uribe, pidió también a la Fiscalía General que haga público el proceso contra el expresidente (2002-2010), luego de que la Corte Suprema de Justicia, dijo, filtró la investigación a cuentagotas ante la opinión pública.
Asimismo, aseveró que tal filtración se ha dado "de forma descontextualizada y haciendo énfasis en las pruebas en contra y no en las decenas de pruebas contundentes a favor" de Uribe.
La Fiscalía General de Colombia recibirá en los próximos días de parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el expediente del caso que involucra al expresidente y exsenador Álvaro Uribe.
"El procedimiento para el traslado del proceso fue acordado en reunión cumplida por el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, con los magistrados de la Sala de Instrucción; dicho trámite se realizará en los próximos días", indicó la Fiscalía en un comunicado.
En el texto, el organismo señaló que está facultado para asignar el proceso y que "el fiscal, a quien corresponda el caso asumirá con autonomía, adelantará las acciones investigativas y tomará las decisiones necesarias con absoluta responsabilidad y rigor".
La decisión de la CSJ se basó en el hecho de que ese tribunal determinó que Uribe no abusó de sus funciones como senador y de que sus delitos fueron catalogados como comunes, por lo que el proceso puede seguir en la Fiscalía.
Este 2 de septiembre Uribe se pronunció en Twitter sobre el cambio de jurisdicción de su caso.
"La libertad es un bien inapreciable, pero para mí la honorabilidad es lo prioritario, por eso el énfasis en (que se den a conocer) las pruebas", escribió el expresidente en esa red social.
Uribe era investigado desde el 2018 por la CSJ en un caso de presunta manipulación de testigos exparamilitares que inicialmente declararon en su contra desde las prisiones en las que se encuentran.
Ante su situación judicial, Uribe presentó su renuncia al Senado el pasado 18 de agosto, con lo cual perdió su investidura como senador y ahora puede ser investigado por la Fiscalía.
Los antagonistas políticos de Uribe, entre ellos Cepeda, consideran que la Fiscalía podría beneficiarlo, ya que el fiscal general, Francisco Barbosa, es un amigo cercano del presidente Iván Duque, quien a su vez es el delfín político del exmandatario.
El pedido de libertad inmediata de Uribe se da pese a que la defensa había sostenido de manera reiterada que el cambio de jurisdicción no le permitiría ese beneficio ni tampoco cambiaría el momento procesal en el que se encuentra su caso, el cual estaba en etapa de instrucción en la CSJ, es decir, de investigación con recolección de más pruebas y testimonios que le permitirían definir si cerraba el proceso o si lo llamaba a juicio.