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La CIDH y el presidente de la OEA, en crisis por mandato del secretario ejecutivo

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) marcó su rechazo a la decisión del presidente de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de no renovar el contrato del secretario ejecutivo del organismo, Paulo Abrao, y considera que está ante una crisis, según dijo la vicepresidenta de la Comisión, Antonia Urrejola.
"La Comisión ha entendido que estamos ante una crisis que no hemos podido resolver por la vía diplomática, dada por la no renovación por parte de Luis Almagro, del secretario ejecutivo de la CIDH", manifestó Urrejola en una entrevista publicada por el diario uruguayo El País.

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La jerarca afirmó que la posición de Almagro "limita la independencia y la autonomía de la Comisión" y destacó que el presidente de la OEA informó su decisión "el último día y a la última hora", pese a que tuvo tiempo desde enero para negociar su postura.

Agregó que "no solo se está desconociendo la facultad de la Comisión de renovarle el contrato [a Abrao], sino que se está sancionando de facto al secretario ejecutivo por supuestas denuncias que no han llegado a investigaciones".

Sobre Abrao pesan 61 denuncias administrativas por supuesto acoso laboral, que todavía no han sido investigadas.

Derechos humanos

Urrejola también se refirió a la posición de Uruguay respecto a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar (1973-1985) y dijo que existe preocupación a nivel de la CIDH porque las mismas no han sido investigadas en profundidad y hay una "alarmante impunidad".

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Aseguró que al opinar al respecto, la Comisión no comete una injerencia sobre los asuntos de la política uruguaya, porque "los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, es un estándar del derecho".

Explicó que esa es la razón por la cual la CIDH opinó en contra del proyecto de ley presentado por senadores del partido de derecha Cabildo Abierto, que lidera el actual senador y militar retirado Guido Manini Ríos, en el sentido de reinstalar la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.

Dicha norma, aprobada en 1986 y refrendada por la ciudadanía uruguaya en 1989 y 2009, impidió durante años los juicios contra militares y policías que violaron los derechos humanos durante la dictadura.

El 27 de octubre de 2011, el Parlamento aprobó una ley interpretativa que habilitó los juicios y permitió llevar a la cárcel a quienes fueron los cabecillas de la dictadura cívico militar.

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