Gobiernos de todo el mundo diseñaron normativas específicas para ayudar a la población a enfrentar sus deudas en medio de la crisis económica derivada del COVID-19. Desde programas de refinanciamiento de cuentas hipotecarias hasta postergaciones de obligaciones tributarias con el Estado.
El plan tuvo lugar en abril, luego del primer mes de confinamiento obligatorio y buscaba aliviar a la población que acumulaba deudas y había sufrido una disminución en sus ingresos.
"Cuando arrancó la cuarentena, el 20 de marzo, las familias quedaron sin actividad. Entonces cuando vino el resumen tarjetas de crédito —en ese momento ya era abril— empezó el tema de cómo se pagaba eso. El Gobierno lo que dijo es 'vamos a refinanciar esos pagos automáticamente'", explicó a Sputnik la economista argentina Victoria Giarrizzo.
Los 2,5 millones de usuarios que no pudieron pagar en fecha —de los 6,4 millones que cuentan con tarjetas en el país— fueron incluidos compulsivamente en el programa. Este estipulaba tres meses de gracia y un financiamiento en nueve cuotas a tasas de 43% anual, a la vez que según las autoridades del Banco Central costaría 147 pesos por cada 1.000 de deuda.
El malestar, relató, se extendió aún más al conocer que la ya elevada tasa de 43% ascendía hasta 70% en casos de varios bancos privados por lo que el Banco Central reconoció que se encuentra investigando el procedimiento.
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