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Human Right Watch insta a Argentina a legalizar el aborto

© AFP 2021 / John MacDougallLogo de Human Rights Watch
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BUENOS AIRES (Sputnik) — Argentina debe consagrar una ley que autorice la interrupción voluntaria del embarazo y tiene que eliminar, además, los obstáculos que existen para poder abortar, sostuvo la organización Human Right Watch en un informe.
"Argentina debe legalizar el aborto", señala el trabajo "Es hora de saldar una deuda: El costo humano de las barreras al aborto legal en Argentina".

Desde que el Senado rechazara en 2018 un proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados que legalizaba el aborto seguro y gratuito, "miles de mujeres y niñas se han visto forzadas a elegir entre tener que superar obstáculos abrumadores para acceder a un aborto legal o recurrir a abortos clandestinos", constató el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.

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Esas prácticas clandestinas, que se realizan de manera insegura y ponen en riesgo su salud y la vida de las mujeres, se suman al aumento de las restricciones a los servicios de salud que ha generado la pandemia del nuevo coronavirus.

El ministro de Salud, Ginés González García, promulgó en diciembre el "Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a Interrumpir el Embarazo", al que se adhirieron numerosas provincias, que permite los abortos en los casos contemplados por la ley.

"Si este protocolo fuera implementado de manera adecuada y uniforme en todo el país, contribuiría a mejorar el acceso a los servicios integrales de salud sexual y reproductiva", señala el informe de la organización.

Causales de aborto

Aunque no hay cifras oficiales sobre las interrupciones del embarazo que se realizan cada año, datos del Ministerio de Salud dan cuenta de que entre 2011 y 2016 los hospitales públicos admitieron en internación a 273.418 mujeres y niñas para abortos, según el informe, de 94 páginas.

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El aborto es un delito en Argentina, pero el artículo 86 del Código Penal autoriza interrumpir un embarazo cuando está en riesgo la vida o la salud de la mujer o cuando la gestación fue producto de una violación.

El cumplimiento del artículo 86 y de los protocolos es objeto de una disputa permanente en el ámbito hospitalario y judicial para impedir que los abortos autorizados por la ley se lleven a cabo.

El Ministerio de Salud registró en 2018 35 muertes a causa de abortos que siguieron a embarazos ectópicos, interrupciones espontáneas del embarazo, abortos médicos e intentos fallidos de interrumpir la gestación.

"En conjunto representaron más del 13% del total de muertes maternas ese año, un aumento de un punto porcentual en relación con el total de muertes maternas por aborto en 2017", destacó la organización.

En su documento, HRW documenta casos de mujeres y niñas cuyas circunstancias se adecuaban a las causales contempladas por la legislación pero que "aun así tuvieron que atravesar numerosos obstáculos para acceder al aborto legal y a la atención médica".

Estas dificultades consistían en falta de información pública, restricciones o tiempos de espera arbitrarios que imponían centros de salud, exigencia de denuncias policiales u órdenes judiciales para dar curso al aborto en casos de violación, falta de acceso a métodos seguros de aborto, o la invocación de la objeción de conciencia por profesionales.

"Mujeres, profesionales de la salud y activistas señalaron que la estigmatización y el temor a las consecuencias legales, incluyendo posibles acciones penales, disuaden a personas gestantes de intentar obtener abortos legales", observó Human Right Watch.

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La organización también refirió casos de abusos y maltratos, actos crueles y humillantes del personal de salud, y violación de la confidencialidad médica en centros de salud.

Por ello la recomendación de HRW es que Argentina despenalice el aborto en todas las circunstancias y lo regule "de un modo que respete plenamente la autonomía de las personas gestantes".

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, admitió en junio que su Gobierno postergará el envío al Congreso del proyecto que establece la legalización del aborto seguro y gratuito debido a la pandemia del nuevo coronavirus, causante de la enfermedad COVID-19.

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