En su decisión monocrática, el juez Benedito Gonçalves asegura que el grupo criminal del que forma parte Witzel "actuó y continúa actuando desviando y lavando recursos en plena pandemia del COVID-19, sacrificando la salud e incluso la vida de miles de personas, con total desprecio y sin un mínimo sentido de humanidad y dignidad".
La Fiscalía denunció al gobernador y a otras ocho personas, entre las que están la esposa del funcionario, Helena Witzel, y el presidente de la Asamblea Legislativa de Río, André Ceciliano.
El gobernador no fue detenido, pero deberá estar fuera del cargo al menos 180 días, tiempo en el que no podrá acceder a las dependencias del gobierno regional ni comunicarse con funcionarios, aunque podrá continuar viviendo en la residencia oficial.
Según el juez Gonçalves, los delitos de corrupción se cometieron a través de contratos manipulados con entidades varias, incluso más allá del campo de acciones de combate a la pandemia del COVID-19.
Además, destaca que la estructura corrupta fue "gestada y financiada incluso antes de la elección de Wilson Witzel para el cargo de gobernador de Río en 2018".
Los abogados del gobernador expresaron en un comunicado su "gran sorpresa" por la decisión del cese y que esperan los detalles del proceso para tomar las medidas correspondientes.
En paralelo a la decisión judicial, la Policía detuvo al presidente de la agrupación política de Witzel, el Partido Social Cristiano (PSC), el pastor Everaldo Pereira.
A finales de mayo, la Policía registró la residencia oficial de Witzel en busca de pruebas sobre su participación en este esquema.
Poco después, la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro abrió un proceso de impeachment para apartarle del cargo, pero la decisión judicial de este 28 de agosto se adelantó al veredicto de los parlamentarios; ahora asume el cargo el vicegobernador Cláudio Castro.
