A mediados de octubre del año 2019, la Coordinadora de pueblos unidos por el cuidado de la defensa del agua (Copuda) firmó un acuerdo con la Comisión Nacional del Agua —un organismo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente— a cargo de Blanca Jiménez Cisneros para que por primera vez en el país, se otorgue una concesión colectiva de los derechos de usufructo del agua subterránea.
Las comunidades de la región Xnizaa exigen el avance en los acuerdos logrados en 2019 y piden también una reunión con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, "quien al asumir su mandato, asumió el compromiso de respetar y contribuir a la garantía de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de México", señaló a Sputnik, el licenciado Nadir Hernández, miembro del equipo asesor de Flor y Canto, que lleva la asesoría legal de la Coordinadora.
Los acuerdos desatendidos
Para los pueblos zapotecas, el punto central del acuerdo alcanzado con la Conagua es el reconocimiento de una nueva forma de concesión colectiva, que hasta el momento sólo se ha dado a privados —por lo general empresas comerciales— que reconozca los sistemas de gestión comunitaria que ejercen desde hace décadas en sus territorios y que concretaron hace quince, con el nacimiento de la Coordinadora.
"En México, el sistema es mediante concesiones con las que el Estado cede a un particular un permiso para el aprovechamiento del agua. Pero en las comunidades, ese aprovechamiento es colectivo y también su cuidado", explicó Hernández.
Así, el pedido de las 16 comunidades de la región Xnizaa es el primero en avanzar en el reconocimiento legal de un derecho de los pueblos originarios a una forma de gestión común de este recurso natural básico para la vida, que daría a cada uno de los pueblos, una forma novedosa de concesión colectiva.
"La veda impide el libre alumbramiento del agua subterránea por las comunidades porque de manera unilateral, el Gobierno Federal sostuvo entonces que los campesinos no podían obtener agua para uso agrícola. Esa decisión sólo puede ser revocada con otro decreto ya redactado, cuyo borrador está trancado desde el mes de marzo en la Consejería jurídica", apuntó la fuente.
Los organizados entienden que la apelación a la pandemia provocada por el nuevo coronavirus se ha utilizado como una excusa para no dar cabida a un proceso que podría revolucionar la forma en que se utiliza un bien escaso en México.
La falta de respuesta por escrito, dicen, se debe a la falta de voluntad del encargado de la oficina mencionada, es lo que ha trancado el proceso; por eso las comunidades esperan que el presidente López Obrador pueda interceder en el conflicto a la brevedad.
"Hay que tener en cuenta esta dilación a la luz de la discusión de la Ley General de Aguas, que empalma los intereses de grupos incrustados en el poder a los que no les conviene el reconocimiento territorial de las comunidades sobre sus recursos naturales", concluyó.
