Presentado por el presidente, Alberto Fernández, como un proyecto en busca de transparencia e independencia del sistema judicial argentino, la reforma en debate representa la principal bandera del Gobierno del Frente de Todos desde su llegada al poder en diciembre de 2019, que aceleró su tratamiento a pesar de la pandemia. También se transformó en el bastión de resistencia de la oposición, como demostró en las marchas del 17 de agosto.
La propuesta, que obtuvo media sanción del Senado con los 40 votos a favor —todos los del oficialismo— y 26 en contra, pretende la fusión de los 12 juzgados criminales con los 11 de penal económico que tienen sede en Buenos Aires y además se crearían 23 nuevos, para dar mayor celeridad a las causas que incluyen delitos complejos.
El proyecto ingresó por la cámara alta del Congreso, presidida por la vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), donde el oficialismo tiene mayoría. Allí obtuvo el jueves 27 de agosto la aprobación luego de algunas modificaciones que se introdujeron en comisiones. Sin embargo, se descarta la misma fluidez cuando sea tratada en Diputados, donde la representación partidaria es más pareja, ni se asegura que las reformas carezcan de resistencias posteriores.
"¿Es posible hacer esta reforma sin acuerdos? No es posible sin hegemonía en las cámaras. Pensar en 90 jueces nuevos, cambiar el funcionamiento de la Justicia federal; es complicado. Donde fracasaron las reformas del pasado es en pasar la vieja Justicia a la ciudad. Los jueces nacionales no se van a ir, la van a declarar inconstitucional y van a presionar porque es el corazón del privilegio corporativo de los jueces", aseguró el profesor universitario y titular de la consultora OPSM.
Detalles de la reforma
La reforma crea un nuevo fuero federal de 47 juzgados, que contaría con las cuatro cámaras de apelaciones ya existentes y 17 tribunales orales, cinco de ellos, nuevos. Además, para lograr equidad federal en el sistema, se crearían 63 juzgados de primera instancia en las provincias, con sus respectivos cargos de jueces, y se crearían nuevas cámaras de apelaciones, defensorías oficiales y cargos de fiscales.
Con este rediseño, el Gobierno nacional tendría la posibilidad de nombrar en un plazo de dos años a más de la mitad de los jueces de primera instancia, incluyendo a los nuevos y los vacantes, y al menos 15 magistrados de tribunales orales.
Esto es leído por la oposición como un avasallamiento sobre el control de la Justicia, contrario a su independencia y a la división de poderes. También es interpretado como un movimiento político para asegurar la impunidad en las causas todavía activas de corrupción durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
"Me parece que es un argumento falaz. El principio de juez natural está protegido en la ley de un modo explícito, no es una frase solamente. Con ese criterio nunca vamos a modificar los privilegios de estos jueces que ganan un millón de pesos como piso y no pagan impuestos. Hay una cantidad de atropellos al sentido común", enfatizó Zuleta Puceiro.
La medida se inscribe en el marco de otras reformas paralelas encaradas por el Gobierno de Fernández, como la ley para recortar las jubilaciones de privilegio de magistrados y diplomáticos o la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), acusada de encarar la persecución política de exfuncionarios kirchneristas durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).
"Macri hizo una reforma judicial de hecho, porque no hizo una ley sino una mesa de Justicia destinada a meter presa a Cristina Kirchner. Puso en marcha traslados, suplencias, una doctrina de interpretación de la libertad condicional, una modificación cualitativa de cómo funciona la Justicia con el propósito de atacar y sacar de la cancha a la oposición", advirtió el analista.
Las otras reformas
"Es uno de los temas más complejos de la política argentina. Desde los años de la presidencia de Raúl Alfonsín (1983-1989) hasta ahora, la reforma judicial ha sido un leitmotiv casi central en los gobiernos. Lo que pasa es que hay cinco campos. La que ha puesto en marcha Alberto Fernández es una de las cinco, pero hay otras reformas que son más importantes", comentó Zuleta Puceiro.
La segunda es la reforma del sistema de gobierno del Poder Judicial, que abarca tres campos: la Corte Suprema, máximo tribunal de la nación, el Ministerio Público Fiscal, dirigido por el Procurador General de la Nación y encargado de la acción de los fiscales, y el Consejo de la Magistratura, que tiene a cargo el control de la actividad de los jueces.
El presidente creó un consejo consultivo no vinculante de juristas especializados en distintas ramas del derecho que elevará propuestas concretas para mejorar la administración judicial y que tendrá la potestad de analizar el funcionamiento de estos organismos, además del debate acerca de la implementación del sistema acusatorio, tercera reforma, que busca poner las investigaciones en manos de los fiscales en lugar de los jueces, quienes pasarían a ser garantes de derechos.
La cuarta es una reforma ideológica, de principios, muy compleja, que apasiona a los profesores de derecho, que es la reforma del Código Procesal Penal, que abarca asuntos como la jurisdicción, la pena, el papel de los jueces, comentó el analista.
"La quinta reforma, la que le interesa a los 45 millones de argentinos, es la de la gestión de la Justicia, que abarca a una cantidad de cuestiones que tienen que ver con la eficiencia, los costos, el acceso, la protección de los derechos, los tiempos, la informatización, los sueldos y las jubilaciones de los jueces. Ese objetivo, muchos Gobiernos la han puesto en marcha, pero las otras reformas, que son las más políticas, terminan chupando la energía y los recursos, y la terminan postergando", aseguró.
