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Uribe busca eludir a la justicia saliendo del Senado con destino incierto

© REUTERS / Luisa GonzalezÁlvaro Uribe
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BOGOTÁ (Sputnik) — La renuncia que Álvaro Uribe hizo a su escaño en el Senado es, para algunos, una clara muestra de su intento por rehuir a la Corte Suprema, que lo investiga por manipulación de testigos y fraude procesal, pero plantea a la vez incertidumbre sobre si el caso debe permanecer en ese tribunal o pasar a la Fiscalía General.

Desde que la CSJ emitió un fallo el pasado 4 de agosto mediante el cual Uribe debe permanecer en detención domiciliaria ante la posibilidad, expresada por esa Corte, de que obstaculice la investigación, el exmandatario y su defensa sostienen que el caso tiene motivaciones políticas y que todo se trata de una persecución en su contra e, incluso, han asegurado que los magistrados son influenciados por senador de izquierda Iván Cepeda.

"Además de una derrota política, por el hecho de que Uribe haya salido del Congreso de la manera como salió, su renuncia al Senado muestra un claro intento por rehuir la justicia", aseguró este viernes a Sputnik el propio Cepeda, quien es parte civil en el proceso en calidad de víctima.

El caso

Uribe es el primer expresidente de Colombia que tiene que cumplir detención domiciliaria, como consecuencia de un hecho que se remonta al 2014, cuando en un debate en el Congreso el senador Cepeda -uno de sus máximos oponentes- lo acusó de tener nexos con paramilitares y narcotraficantes, para lo cual presentó varios testimonios de exparamilitares.

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Cepeda fue más allá y acusó a Uribe de crear un grupo paramilitar, por lo que el expresidente (2002-2010) demandó a Cepeda ante la CSJ y lo acusó de frecuentar a exparamilitares en las prisiones para que sirvieran como falsos testigos en su contra.

El tribunal siguió el caso por varios años, pero en un giro inesperado encontró que era Uribe quien manipulaba a los testigos para afectar la carrera política de Cepeda, por lo que le abrió una investigación al exmandatario por los delitos de soborno y fraude procesal.

Ahora Uribe, bajo la lupa de los magistrados de la CSJ, asegura que no está detenido sino secuestrado (en una hacienda de su propiedad en el municipio de Montería, en el norte del país, de 1.500 hectáreas) y sugiere que no confía en los magistrados, por lo que propone que su caso pase a la Fiscalía, por lo cual dimitió al cargo.

La jugada

Con su renuncia, Uribe se despojó inmediatamente de su investidura de senador y quedó como cualquier paisano ante la justicia, por lo que, en teoría, la CSJ ya no tendría resorte sobre su caso, sino la Fiscalía, pero la posibilidad de que ese organismo sea el que tome el proceso no satisface a la oposición, entre ellos al mismo Cepeda.

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Los antagonistas políticos de Uribe consideran que la Fiscalía podría beneficiar al expresidente, ya que el fiscal General, Francisco Barbosa, es un amigo cercano del actual mandatario Iván Duque, quien a su vez es el delfín político de Uribe.

"Es evidente que lo que Uribe está buscando es una acción para generar en la opinión pública la convicción de que no es legítima la investigación ni los magistrados que la están adelantando y que habría una especie de persecución en su contra", sostiene Cepeda en diálogo con Sputnik.

Para el senador de izquierda y su equipo de abogados, la CSJ es la competente para mantener el caso, ya que, a su juicio, "hay suficientes elementos para que la Corte tome la decisión de mantener esa competencia".

Pero Uribe y su defensa no piensan igual. Para comenzar, sostienen que su detención domiciliaria se dio "sin pruebas directas" y que la misma es consecuencia de una serie de acciones en su contra, como "la violación de ocho garantías procesales (…), interceptaciones ilegales y dolosas (…) y filtraciones selectivas a adversarios políticos y periodísticos en lugar de publicar todo el expediente", dijo el expresidente en su carta de renuncia.

Tira y afloje

En el tira y afloje sobre quién debe llevar el caso, lo único claro es que por ahora no hay nada claro. Uribe pide que pase a la Fiscalía, Cepeda que se quede en la CSJ y en el medio están los magistrados, que desde el jueves evalúan qué decisión tomar.

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La defensa de Uribe, liderada por el abogada Jaime Granados, un reconocido jurista del país, sostuvo ante la prensa que "no podría existir algo diferente a que la Corte tramite la petición y pase el proceso a la Fiscalía", ya que "no se está pidiendo un trato especial para el presidente Uribe, sino que se aplique las normas vigentes como a cualquier otro ciudadano".

Además, señaló que como el presunto delito (manipulación de testigos y fraude procesal) no tiene relación con su función como senador, ni fue usado para obtener el escaño en el Congreso, la renuncia serviría para que su caso pase a la Fiscalía, por lo cual le ha pedido a la CSJ que se tome cinco días para decidir el asunto.

Sin embargo, la madeja se enreda porque los magistrados deberán evaluar la posible vinculación de exfuncionarios de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Uribe en el Congreso y que fueron nombrados en el proceso de presunta manipulación de testigos.

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"La controversia que ha llevado a esta causa judicial tiene que ver con el Congreso, y hay que recordar que en ese escenario hubo debates de control político porque el entonces senador Uribe utilizó a algunos miembros de su unidad legislativa para, al parecer, contactar a personas que estaban en la cárcel", asegura Cepeda.

Para Cepeda, si bien es válido que cada quien tiene derecho a tomar opciones en un proceso, lo realizado por Uribe "no es responder ante la justicia, sino buscar caminos de atajo para lograr la impunidad".

Consultado sobre cuánto puede tardar en desenredarse la madeja, Cepeda prefiere no vaticinar y asegura que confía en que la CSJ le dé la razón a él.

Mientras eso ocurre, Uribe deberá esperar la decisión en detención domiciliaria y ya no sentado en la silla que le correspondía en el Senado, la misma que fue ocupada el jueves por Milla Patricia Romero, otra integrante de su partido, el derechista Centro Democrático.

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