"Independientemente de la revisión que haga el Tribunal Constitucional, el fallo emitido es de cumplimiento inmediato y obligatorio; de no cumplirse se generarían responsabilidades penales", dijo el juez Israel Campero a la cadena radial Erbol.
La Constitución boliviana establece que una sentencia como la de la Sala Constitucional, que preside Campero, debe ser "ejecutada inmediatamente y sin observación" y dispone que los funcionarios que no la acaten serán sometidos a "procesamiento penal por atentado contra las garantías constitucionales".
Convertido en blanco de un duro ataque de autoridades del Gobierno, que lo acusaron de seguir órdenes del Movimiento Al Socialismo (MAS) y de atentar contra la salud por eventuales contagios masivos de estudiantes, el juez negó la denuncia oficial de que su fallo implicaría el retorno a clases presenciales.
"Totalmente falso, jamás se dispuso el retorno a las aulas, sería una irresponsabilidad que un tribunal de garantías atente contra la salud y la vida de nuestros niños", afirmó Campero.
Añadió que la sentencia dispuso solo que el Gobierno nacional "provea una política que garantice el ejercicio de este derecho" a la educación.
La sentencia fue resultado de una demanda de Acción Popular, recurso muy parecido al amparo, interpuesta por una diputada del MAS pidiendo la anulación de la resolución del Ministerio de Educación que clausuró el año escolar y promovió al grado superior a todos los alumnos de primaria y secundaria.
Dos días después de la emisión del fallo, el Gobierno todavía no ha declarado oficialmente que va a acatar la medida, convertida ya en su mayor revés de parte de un poder judicial al cual ha acudido con decenas de denuncias contra sus opositores.
El ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, calificó a la resolución judicial como un ataque político del MAS contra el Gobierno y anunció que presentaría un recurso extraordinario de revisión del fallo.
Las clases habían comenzado regularmente en febrero y estaban programadas hasta noviembre, pero resultaron semiparalizadas desde marzo a causa de la pandemia, con gran diferencia entre los establecimientos públicos, de mínima actividad, y los privados que desarrollaron sistemas de educación virtual.
