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Baja inversión uruguaya ante crisis de COVID-19 trae pobreza y desempleo

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MONTEVIDEO (Sputnik) — La obsesión del Gobierno uruguayo por bajar el déficit fiscal y su reticencia a invertir para contener la crisis social y económica, generada por la pandemia de COVID-19, producirá un aumento de la pobreza, del desempleo y una caída de la actividad, advirtieron a Sputnik dos analistas.
"El Gobierno sigue empecinado en defender el déficit fiscal a como dé lugar. Eso explica que seamos uno de los pocos países del mundo que, en el medio de la pandemia, aumentó las tarifas públicas. El no destinar mayor cantidad de recursos genera una multiplicación de las personas que tienen que recurrir a las ollas populares, aumento de la pobreza y del desempleo", dijo a esta agencia el economista Pablo Da Rocha.

El especialista, docente de la estatal Universidad de la República, señaló que Uruguay optó por privilegiar el déficit fiscal por encima de la defensa del nivel de vida de las personas.

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En julio, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) afirmó en un informe sobre evolución y efectos del COVID-19 en la región que Uruguay ocupa el último lugar en los esfuerzos económicas que hicieron los gobiernos para amortiguar la crisis.

Incluso, señaló que el índice de pobreza extrema pasó de 0,1% en 2019 a 0,3 en 2020 y que la pobreza pasó de 2,9 a 5,3% en 2020.

Serían 39.000 los montevideanos comen en ollas populares, según la plataforma virtual Solidaridad.uy.

"¿Cuál es el cálculo que están haciendo? Tomar deuda ahora a buenas tasas de interés para prevenir lo que ya sabemos como termina, que es el aumento de la pobreza, que trae consecuencias muy jodidas como es el abandono escolar y el aumento de la violencia, parece ser el camino", reflexionó a Sputnik el politólogo Mauro Casa, de la Universidad de la República.

Consecuencias

Casa sostuvo que es "bastante notorio" que hay una pérdida de ingresos y del poder adquisitivo de las personas; además, señaló que habrá un aumento de la pobreza y del desempleo.

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Afirmó que a pesar de que Uruguay ya venía con una situación de deterioro de su economía a partir del Gobierno de Tabaré Vázquez (2015-2020), en momentos de recesión economía se espera que el Estado pueda reactivar con inversión pública.

"El gasto público permite que las empresas sigan funcionando, ese sería el escenario ideal. Ahora, en el caso de Uruguay, los indicadores macro son bastante complicados; tiene un déficit fiscal importante (…) Ahora, lo que sí se le puede reclamar al Gobierno es que tiene acceso a crédito internacional que se lo ha ganado por buena ley", agregó, al explicar que el país debería sacar provecho de esa ventaja.

En la misma sintonía, Da Rocha señaló que hay más que "suficientes razones" para que el déficit fiscal aumente ya que las consultoras y organismos internacionales tienen en cuentan que los gastos asociados a la pandemia, por lo que no alterarían la calificación del país.

"El Gobierno ha desestimado optar por ese camino. Esa es una decisión difícil de comprender. No parece una ecuación muy saludable decir que evito no tomar deuda y permito que buena parte de la sociedad se desintegre", dijo Casa.

Soluciones

Por otro lado, Da Rocha señaló que la única manera de hacer una contención social y económica es destinando recursos públicos a través de la prórroga de los seguros de desempleos o transferencias no contributivas, como puede ser una renta básica universal.

"Además, si no se da recursos presupuestales, corre en riesgo la salud y la educación, lamentablemente vemos que no destinar los recursos necesarios se va a traducir en el empeoramiento de la calidad de vida de las personas, hemos aumentado los niveles de pobreza en más de 100.000 personas", reflexionó.

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El 11 de marzo, el Gobierno de Luis Lacalle Pou aprobó un decreto que establece un recorte de 15% en gastos de funcionamiento e inversiones para la mayoría de los organismos estatales.

Asimismo, también señala que las vacantes generadas hasta el 31 de diciembre de 2019 no podrán ser cubiertas, y que en 2020 sólo podrá ser provista la tercera parte.

El ministro de Trabajo de Uruguay, Pablo Mieres, declaró que el desempleo rondará el 15%.

Además, explicó que, en mayo pasado, había 193.000 uruguayos trabajadores en el seguro de paro y, para junio, hubo 174.000.

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