"Es muy lamentable que este régimen transitorio esté judicializando, politizando los últimos acontecimientos, cuando sabemos muy bien la inoperancia, la ineficiencia en el manejo de la cosa pública para enfrentar el COVID-19 por parte del régimen transitorio nos llevó a este escenario", dijo el parlamentario.
La creación de la comisión fue decidida el 19 de agosto en respuesta al anuncio gubernamental de que se habían puesto en marcha operaciones policiales para detener a sindicalistas como el líder de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Huarachi, y los cocaleros Leonardo Loza y Andrónico Rodríguez.
"Estamos ante una clara persecución política del Gobierno transitorio y prorroguista. Nosotros consideramos que tiene que respetarse los derechos y garantías de los ciudadanos y ciudadanas, y no debe entrarse a esta cacería (…), la pacificación del país no implica generar persecución política", afirmó Barón.
El Gobierno ha acusado a los líderes sindicales por delitos de sedición y atentado a la salud pública, entre otros, debido a que los bloqueos de carreteras en demanda de elecciones a corto plazo provocaron dificultades al transporte de alimentos e insumos médicos requeridos para el combate a la pandemia de COVID-19.
Comisiones
La comisión de protección de derechos sindicales se suma a varios grupos especiales creados en los dos últimos meses por el parlamento para investigar casos de corrupción y de violaciones de derechos humanos denunciados contra el Gobierno de Áñez, instalado desde noviembre de 2019.
El parlamento ha creado además una comisión que investiga las responsabilidades de las masacres de más de una treintena de opositores a Áñez durante los días siguientes a la crisis política de noviembre pasado.
Los jefes de esas comisiones denunciaron que el Gobierno se niega a brindar información oficial sobre los casos en investigación.
