"La creación y la actividad del Consejo de Coordinación están dirigidas a derrocar el poder estatal, así como a dañar la seguridad nacional de la República de Bielorrusia", dijo.
Koniuk precisó que las autoridades comenzaron el caso penal por el delito tipificado en el artículo 361 del Código Penal, que castiga con hasta cinco años de cárcel por llamamientos a derrocar el poder o cambiar de manera violenta el orden constitucional del país.
El Consejo de Coordinación, promovido por la líder de la oposición bielorrusa, la candidata presidencial Svetlana Tijanóvskaya, realizó su primera reunión el 19 de agosto. En el encuentro, el Consejo aprobó una resolución que reitera que el organismo está centrado en encontrar una vía para resolver la crisis política en Bielorrusia mediante unas negociaciones que deben comenzar de manera inmediata.
El Consejo de Coordinación subrayó que "no tiene objetivo de cambiar el orden constitucional ni el rumbo de la política exterior".
La miembro del Consejo y representante de Tijanóvskaya en las pasadas elecciones presidenciales, Olga Kovalkova, subrayó que el nuevo organismo espera entablar negociaciones con el Gobierno del presidente Alexandr Lukashenko.
"Esperamos que este diálogo se celebre próximamente", dijo a la prensa el 19 de agosto.
El pasado 9 de agosto Bielorrusia celebró elecciones presidenciales. De acuerdo con el escrutinio oficial, ganó el mandatario actual Lukashenko, con más del 80% de los votos, mientras que su principal rival Tijanóvskaya reunió un 10% de los apoyos.
Lukashenko sostiene que la situación en Bielorrusia se debe a la "injerencia externa", que sigue las pautas de "revoluciones de colores". El 15 de agosto Lukashenko afirmó que acordó con el presidente ruso, Vladímir Putin, que Rusia ayudará a Bielorrusia a garantizar su seguridad si Minsk se lo pide, en el marco de la cooperación entre los dos países dentro de la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva.
