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Todo sobre el asesinato del casi presidente de Colombia a mando de Pablo Escobar

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Luis Carlos Galán, referente liberal de la política colombiana en la década de los 80, fue asesinado la noche del 18 de agosto de 1989, en una jornada que parte la historia del país en medio de la guerra contra el narcotráfico. Pasados más de 30 años, nuevos indicios permiten a la Justicia avanzar en su investigación.

Aquel 18 de agosto de 1989, el entonces candidato a la Presidencia de Colombia por el Partido Liberal, Luis Carlos Galán, ascendía a la pequeña tarima que había sido dispuesta en la plaza principal de Soacha, municipio de Cundinamarca al sur de Bogotá, para dar comienzo a su acto de campaña en la ciudad. Eran las 8:30 de la noche. 

Hijo del dirigente político liberal Mario Galán Gómez, se había convertido en una de las figuras más relevantes y populares de la fuerza política y el favorito en las encuestas para las elecciones. Unos 15 minutos más tarde, fue ejecutado por cinco disparos ordenados por un grupo dirigido por los jefes del Cartel de Medellín, entre ellos el icónico Pablo Escobar

CC BY 2.0 / Flickr/ Iván Marulanda / Luis Carlos Galán
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Luis Carlos Galán

Días antes, el 4 de agosto, se había logrado evitar otro atentado durante una conferencia que daría el abogado de profesión en la Universidad de Medellín, gracias a la denuncia de una vecina que divisó a tres sospechosos en un auto. Iban a matarlo con un lanzallamas.

Ahora, 30 años más tarde, el caso aún abierto pasará a la Corte Suprema de Justicia colombiano tras nuevos hallazgos y nuevas vinculaciones a presuntos cómplices que, hasta entonces, no habían sido investigados. 

¿Quiénes mataron a Galán?

Jaime Eduardo Rueda Rocha y Henry de Jesús Pérez Durán son los nombres de los dos sicarios ejecutores de Galán. Actuaban bajo la orden de Carlos Castaño Gil, Gonzalo Rodríguez Gacha, Alberto Santofimio Botero —más conocido como el Mexicano— y el mismo Escobar, grupo narco conocido como Los Extraditables, quienes habían elaborado un plan que, se conoció ahora, incluía a más personas de las que se había creído en ese entonces. 

Indicios para la nueva investigación

El Tribunal de Cundinamarca absolvió en junio al coronel Manuel Antonio González, quien en 1989 era el jefe de protección del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por no encontrar pruebas en su contra. Luis Felipe Montilla, excomandante de Policía en Soacha, también había sido descartado como cómplice, y en junio la decisión fue ratificada por el tribunal. 

Sin embargo, los representantes de la familia del concejal Julio César Peñaloza Sánchez, que acompañaba a Galán y también asesinado en el atentado del 18 de agosto, apelaron la decisión del tribunal bajo el criterio de la hipótesis de la Fiscalía, que considera cómplices a ambos uniformados. La familia de Galán y la Procuraduría no han presentado aún el recurso, según informa el diario colombiano El Tiempo.

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Un nuevo indicio apareció cuando uno de los miembros del comité organizador del acto del 18 de agosto declaró reconocer a uno de los sicarios como miembro de su propia comitiva.

A esto se le suma la figura del entonces alcalde de Soacha, Héctor Fernando Ramírez, que, según el expediente, fue quien autorizó la construcción de la tarima en la que hablaría Galán y facilitó la tarea de los sicarios.

Por el magnicidio fue condenado el exministro Alberto Santofimio Botero a 24 años de cárcel, quien recibió la libertad condicional y estaba pendiente de que quedara acreditado el pago por los perjuicios ocasionados a las familias de las víctimas.

El 31 de agosto vence el plazo para presentar el recurso de casación respecto a la absolución resuelta por el Tribunal de Cundinamarca sobre González y Montilla.

Condenados

Hasta ahora, solo había tres condenados por el atentado: el jefe del DAS Miguel Alfredo Maza Márquez, general retirado del Ejército, quien decidió entonces cambiar al jefe de seguridad asignado a Galán; exministro Alberto Santofimio Botero, condenado a 24 años de cárcel, quien cumple ahora libertad condicional y González, absuelto en la última resolución judicial. 

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