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Justicia boliviana anula clausura escolar decretada por el Gobierno por pandemia

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LA PAZ (Sputnik) — El Tribunal de La Paz anuló la clausura anticipada de la gestión escolar decretada a a principios de agosto por el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez como consecuencia de la pandemia de COVID-19, informó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.
"La Sala Constitucional Primera hoy ha generado jurisprudencia al resguardar el derecho a la educación en nuestro país, que en Bolivia estaba siendo lesionado por el Órgano Ejecutivo. Nosotros convocamos al Ministro de Educación y a sus viceministros a cumplir el fallo, no podemos esperar a que pase la pandemia", dijo Cruz en conferencia de prensa.

La resolución judicial emergió como consecuencia de una demanda de Acción Popular interpuesta por la diputada Lidia Patty, del Movimiento Al Socialismo (MAS), contra el Ministerio de Educación.

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La Defensora dijo que asistió a la audiencia judicial para respaldar a la parlamentaria y divulgó copias de la resolución que suponía un duro revés para el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez, que también con el argumento de la pandemia ha cuestionado la realización de elecciones generales.

"Se instruye a que el nivel central, a través del Ministerio de Educación, en un plazo no mayor a 10 días hábiles, provea una política pública integral para garantizar por todos los medios el derecho a la educación de todos los ciudadanos en edad de escolarización", dijo la resolución.

Advirtió que el Gobierno debía "asumir su responsabilidad y no evadirla bajo ninguna circunstancia", y tomar en cuenta en sus decisiones a "todos los actores participantes de la educación", en aparente referencia a los sindicatos docentes que no fueron consultados para la clausura del ciclo escolar.

El Gobierno anunció el cierre escolar el 2 de agosto, con el argumento de que la pandemia de COVID-19 seguiría creciendo en los próximos meses, y dispuso que todos los estudiantes de primaria y secundaria sean promovidos automáticamente al grado superior.

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La clausura fue criticada duramente por los sindicatos docentes y de otros sectores, los colegios privados, la Iglesia Católica y varias oficinas de Naciones Unidas.

Áñez no cedió ante esas protestas y ratificó su confianza en el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, cuya renuncia fue planteada por sindicalistas, políticos opositores y medios de comunicación.

Cárdenas explicó que la clausura se debía tanto a la falta de infraestructura para clases virtuales como a la posición "intransigente y política" de los sindicatos de maestros, que rechazaron un plan de educación a distancia.

Los docentes denunciaron que el plan gubernamental no consideraba el uso de medios estatales de comunicación y dejaba fuera de la educación a vastos sectores rurales sin acceso a internet, y en muchos casos también sin electricidad.

Regularmente, las clases en Bolivia transcurren de febrero a noviembre.

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