"Con la finalidad de evitar que las plazas de médicos y médicas rurales queden desocupadas y, además, garantizar el efectivo acceso a una futura fuente de trabajo de más de 2.000 egresados de carreras afines a la salud en el país, la Defensoría del Pueblo presentó (…) una acción de protección en contra del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES) y el Ministerio de Salud Pública", dijo un comunicado de la Defensoría del Pueblo.
Los profesionales de la salud debían rendir el examen de habilitación para el ejercicio profesional entre el 10 y el 12 de julio; sin embargo, diversos problemas técnicos, tecnológicos y logísticos que se presentaron antes y durante dicha evaluación, impidieron que la jornada se lleve a cabo de forma regular.
Los evaluados informaron sobre las novedades a las autoridades competentes, sin obtener una respuesta oportuna.
La Defensoría enfatizó que el efecto inmediato será la desprotección de los ciudadanos que viven en las zonas rurales de Ecuador, en donde quedarán sin ser cubiertas las vacantes de personal médico.
A través de la acción de protección, la Defensoría del Pueblo busca que los egresados que no pudieron rendir el examen de habilitación profesional lo hagan de forma inmediata para no afectar su carrera profesional.
En Ecuador es requisito básico rendir el examen de habilitación para el ejercicio de profesiones consideradas de interés público, como la Medicina y carreras afines.
