"El Estado mexicano no tiene la capacidad para lidiar con un problema tan complejo, el cual, para colmo, ha desaparecido de la agenda política", es una de las conclusiones principales de la mesa de análisis Punto por Punto, organizada por el centro de estudios independiente México Evalúa y la fundación alemana Frederich Naumann.
La "desaparición forzada" de personas, delito cometido por agentes del Estado o particulares en complicidad con fuerzas policiales, judiciales o militares, es uno de los principales problemas en la agenda pública de México, donde en 15 años se han encontrado casi 4.000 fosas clandestinas con cuerpos de víctimas no identificadas aún
Sin embargo, señalan que ese crimen generalizado "es combatido por el Estado mexicano con recursos insuficientes y una baja capacidad institucional".
Según cifras oficiales, de 2006 a junio 2020 fueron encontradas 3.978 fosas clandestinas, en las que se han exhumado 6.625 cuerpos.
Una herida abierta
Las decenas de miles de familias de personas de desaparecidas sufren "una herida que reclama sanación a través de la justicia", señala Edna Jaime, directora del centro de análisis México Evalúa.
Ese reclamo urgente está lejos de atenderse, a la vista de las deficiencias en operación y resultados del aparato institucional de investigación criminal.
Según el Comité de la Organización de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, la Comisión Nacional de Búsqueda "adolece de falta de autonomía, ausencia de trabajo de campo, falta de medios de prueba científicos y ausencia generalizada de una estrategia integral".
Por su parte, Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, describió como problema estructural "la forma incompleta en que las comisiones y los mecanismos de búsqueda están insertados en la sociedad, más allá de la ley que las creó".
Lamentó que las fiscalías suelen tener resistencia a las comisiones; las consideran un auxiliar sin reconocer que "somos órganos iguales que tenemos que trabajar de manera coordinada", planteó la funcionaria federal.
La falta de colaboración entre comisiones y fiscalías fue examinado por Grace Fernández, consejera del Movimiento por Nuestros Desaparecidos.
Propuso abordar el problema con "una mirada amplia, una búsqueda de patrones, algo que choca con la lógica estrecha de las fiscalías especializadas" en desapariciones de personas.
Jaime alertó al cerrar el foro que el primer reto en la atención urgente de la crisis de desaparición de personas es político: "simplemente no está en la agenda de Gobierno".
La "Ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda de personas", fue promulgada el 17 de noviembre de 2017.