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El Parlamento boliviano aprueba un bono contra el hambre mayor al del Gobierno

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LA PAZ (Sputnik) — El Parlamento boliviano aprobó la concesión de un "Bono contra el hambre" por valor de 1.000 bolivianos (144 dólares), en favor de los ciudadanos que no reciben salario fijo, descartando otro alivio de 500 bolivianos que había propuesto el Gobierno transitorio.
"No son locos los que salen a bloquear carreteras y calles, la gente está desesperada por la forma en que este Gobierno ha enfrentado la pandemia" de COVID-19, dijo la diputada socialista Sonia Brito al justificar el voto de la mayoría en favor de la ley que crea el bono pagadero por una sola vez.

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La norma, que quedó sancionada al ratificar la Cámara de Diputados el voto del día anterior en el Senado, constituía otro punto del choque entre Gobierno transitorio de Jeanine Áñez y el Parlamento, controlado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) del expresidente Evo Morales (2006-2019).

Áñez había propuesto en julio el bono de 500 bolivianos que llegaría a unos tres millones de personas, condicionándolo a que el parlamento apruebe un paquete de créditos externos de más de 1.000 millones de dólares contratados por el Gobierno para la lucha contra la pandemia, causada por el coronavirus.

El MAS, mediante su candidato presidencial Luis Arce, replicó con una propuesta del bono que duplica la propuesta presidencial, sancionado este 13 de agosto.

Líderes masistas del parlamento anunciaron que este órgano aprobará también en las próximas horas dos de los créditos gestionados por el Gobierno, del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, por un total de 650 millones de dólares, para financiar el "Bono contra el Hambre".

La ley del nuevo bono señala que el Gobierno no podrá disponer libremente del monto eventualmente sobrante de esos créditos tras el pago del bono, sino que deberá requerir autorización parlamentaria.

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El parlamento ha desafiado en meses pasados al Gobierno transitorio con leyes para castigar excesos de policías y militares y limitan las atribuciones presidenciales en tiempos de emergencia, que Áñez ha objetado y puesto en consideración del Tribunal Constitucional.

La Presidenta ha cuestionado también, con sendos recursos constitucionales, leyes para el uso de clínicas privadas en la lucha contra la pandemia de COVID-19 y para la donación de plasma de pacientes recuperados de esa enfermedad.

El parlamento ha abierto además investigaciones sobre varios casos de corrupción en compras estatales para combatir la pandemia.

En Bolivia, 95.071 se han infectado de COVID-19 desde el inicio de la enfermedad en el país y 3.827 fallecieron, según cifras del Ministerio de Salud.

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