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El fracaso de las primarias en Puerto Rico pone en riesgo las próximas elecciones generales

CC BY 2.0 / Alex Barth / Bandera de Puerto Rico
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LA HABANA (Sputnik) — La crisis y el desorden que frustraron las votaciones primarias del pasado 9 de agosto en Puerto Rico pone en riesgo el calendario de trabajo para las elecciones generales pactadas para el 3 de noviembre próximo, anticipan expertos citados por el periódico puertorriqueño El Nuevo Día.

"La fecha de la reanudación de las primarias [16 de agosto], al cierre de esta edición, aún era incierta. Ayer [11 de agosto], estaban pendientes ante el Tribunal Supremo la mayoría de los reclamos legales presentados por los precandidatos a la gobernación que participaron de las primarias del PNP (Partido Nuevo Progresista) y el Partido Popular Democrático (PPD)", destaca el diario.

El escrutinio del 9 de agosto fracasó por la falta de boletas electorales en casi la mitad de los centros de votación, lo que ha generado una pugna entre los partidos políticos envueltos, que están demandando a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

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Ante la máxima instancia judicial puertorriqueña se han presentado cuatro demandas, entre ellas las impuestas por los representantes del PNP y del PPD, que buscan que los votos emitidos hasta ahora se consideren válidos y se hagan públicos, mientras que la Unión Estadounidense de Libertades Civiles presentó una demanda para que se cancelen los resultados de la fallida primaria.

Por su parte, la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, busca detener la publicación de los resultados no confirmados de los centros donde se realizó la votación del 9 de agosto.

Expertos electorales vaticinan que todo este atraso, junto a las demandas judiciales, entorpecerá el proceso de elecciones generales, para el que restan poco más de 70 días.

Según el Código Electoral vigente en la isla borinqueña, se establecen términos para que se puedan atender las impugnaciones judiciales, lo que atrasaría la toma de decisiones y no se podrían certificar a los candidatos hasta que se resuelvan las disputas, precisa El Nuevo Día.

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Además, todo puede complejizarse aún más, si se hacen efectivas las renuncias anunciadas del presidente de la CEE, Juan Ernesto Dávila Rivera, y los comisionados electorales del PNP, María Dolores Santiago, y Lind Orlando Merle Feliciano, del PPD.

Por su parte, la junta de control federal que supervisa las finanzas de Puerto Rico anunció el 11 de agosto que autorizó 1.27 millones de dólares para la segunda ronda de votaciones.

Esta junta rige la vida política y financiera de Puerto Rico desde junio de 2016, como resultado de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés) aprobada en 2015 por el Congreso de Estados Unidos.

Puerto Rico es uno de los territorios no incorporados de Estados Unidos, y oficialmente se reconoce como Estado Libre Asociado.

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