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CIDH pide al Gobierno de Bolivia que interceda para evitar manifestaciones violentas

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LA PAZ (Sputnik) — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo que le preocupa la violencia en las recientes manifestaciones en Bolivia y pide al Gobierno que interceda.

La CIDH "toma nota, con preocupación, de hechos de violencia en el contexto de las recientes manifestaciones en Bolivia y hace un llamado al Estado a garantizar procesos de diálogo con todos los actores involucrados en las manifestaciones, en las que se han cometido algunos hechos de violencia", indicó el organismo en un comunicado.

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En Bolivia ha habido manifestaciones de organizaciones sociales en rechazo a la decisión del 23 de julio pasado del Tribunal Supremo Electoral por la que aplazó para octubre la fecha de las elecciones generales, previstas para septiembre, para evitar contagios del nuevo coronavirus, causante de la enfermedad COVID-19.

La CIDH también llama al Estado a asegurar "el ejercicio del derecho de reunión y de protesta pacífica y velar, en todo momento, por la garantía de los derechos humanos de la población, particularmente, de las personas con COVID-19".

También hace un llamado a la no violencia en las manifestaciones.

La comisión indica que tiene conocimiento de que las manifestaciones han consistido, principalmente, en marchas, concentraciones y el cierre del paso en distintas carreteras en 78 puntos urbanos y rurales de La Paz, Cochabamba (centro), Santa Cruz (este), Oruro (oeste), Potosí (sur), Beni (noreste) y El Alto en el departamento de La Paz.

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En las manifestaciones, al menos siete personas fueron detenidas, incluyendo un adolescente, la policía usó gases lacrimógenos contra los manifestantes y también la CIDH registró que un policía habría sufrido lesiones oculares.

Al respecto, la Comisión "reitera la obligación del Estado de garantizar el derecho a la manifestación, a la vez que recuerda que el uso de la fuerza pública en el contexto de las protestas es un recurso último".

La CIDH también hace un llamado al debido proceso y a las garantías judiciales de las personas detenidas.

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