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La huida de Juan Carlos I culmina una década de desgaste para la monarquía española

© REUTERS / Juan MedinaRey emérito Juan Carlos I de España
Rey emérito Juan Carlos I de España - Sputnik Mundo
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MADRID (Sputnik) — El rey emérito Juan Carlos I, acosado por los múltiples escándalos en torno a sus presuntas actividades ilegales, anunció su decisión de abandonar España, un movimiento con el que la Casa Real pretende poner tierra de por medio para desligar su imagen de la persona que la encabezó durante casi cuatro décadas.

Juan Carlos I nació en el año 1938 en Roma, en la Italia fascista de Benito Mussolini, lugar al que su familia huyó tras la proclamación de la Segunda República en España en 1931. Tras residir también en Lausana (Suiza) y Estoril (Portugal), finalmente se instaló en España en 1950, bajo la tutela del dictador Francisco Franco, para completar su educación.

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Franco le nombró como su sucesor al frente de la Jefatura del Estado en 1969, una posición a la que accedió tras la muerte del dictador en 1975. Pese a ser puesto en el trono por Franco, el monarca se convirtió en uno de los motores del proceso de transición a la democracia.

El recién nombrado rey supo maniobrar para catalizar la orfandad del movimiento fascista tras la muerte de su líder y las ansias de libertad de la oposición de izquierdas para dar a luz a la Constitución de 1978, que con el respaldo de los españoles en las urnas consolidó la democracia —y por supuesto, también la monarquía– tras 40 años de dictadura.

Una vez llegados a ese punto —con la excepción de su rechazo al intento de golpista del 23 de febrero de 1981— el monarca se dedicó durante décadas, sin muchos sobresaltos, a sus labores de jefe de Estado, que principalmente consisten en representar a España fuera de sus fronteras.

Con su papel en la transición y en el 23-F, Juan Carlos I se granjeó una nada desdeñable popularidad entre los españoles, incluso entre aquellos contrarios a la institución monárquica, entre los que se popularizó la frase "no soy monárquico, soy "juancarlista".

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En diciembre de 1995 el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) —el mayor ente demoscópico del país— pidió a los ciudadanos puntuar a distintas instituciones. En una escala sobre diez, la Monarquía obtuvo un 7,48, una nota muy superior a la del Gobierno (4,92).

Con el tiempo, ese supuesto idilio con los españoles se vino abajo.

Dos décadas más tarde, en 2015, la Monarquía obtuvo una nota de 4,34, un suspenso del que la Casa Real no ha tenido opción de recuperarse, ya que el CIS no ha vuelto a preguntar a los ciudadanos sobre la Corona desde entonces.

Una década de escándalos

El motivo del desgaste de esa popularidad no es otro que la continua sucesión de escándalos en la Casa Real. Los primeros llegan a través de la figura de su yerno, Iñaki Urdangarin. En el año 2010 un juez comenzó a instruir una causa sobre las presuntas irregularidades del marido de la infanta Cristina al frente del Instituto Nóos.

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Tras años de idas y venidas judiciales —con su constante goteo de noticias día tras día y la traumática imputación de la infanta Cristina, finalmente absuelta el yerno del rey fue condenado a 6 años y 3 meses de prisión tras constatarse que Urdangarin y sus socios utilizaron Nóos para enriquecerse desviando dinero público.

El Tribunal Supremo, tras revisar la condena, subrayó de manera específica que Urdangarin se aprovechó de "la situación de privilegio de que disfrutaba como consecuencia de su matrimonio con una hija de quien era entonces Jefe del Estado" (el Rey Juan Carlos I) para llevar a cabo actividades ilícitas.

​La infanta Cristina no fue condenada, pero llegó a sentarse en el banquillo de los acusados, desde donde se convirtió en una de las protagonistas del juicio tras emplear hasta 579 evasivas para eludir las preguntas de los magistrados. Lo hizo con respuestas como "no sé" (utilizada 412 veces), "no lo recuerdo" (82 veces), "lo desconozco" (58 veces), "no lo sabía" (7 veces) o "no tenía conocimientos" (7 veces).

La cacería en Botsuana

En 2012, en plena crisis económica y mientras el caso Nóos erosionaba poco a poco la imagen de la Corona, Juan Carlos I se situó a sí mismo en el centro de otro escándalo: el monarca se rompió la cadera tras sufrir una caída en Botsuana, donde se encontraba de cacería con la empresaria Corinna Larsen, de la que después se conocería que era su amante.

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Juan Carlos I tuvo que ser operado de urgencia, lo que permitió a España conocer la afición del rey por las cacerías de elefantes, un hobby nada barato (con un coste estimado de 40.000 euros) que aquella precisa ocasión había sido sufragado por un asesor de la familia real saudí.

Este suceso dejó una imagen prácticamente inédita, la de un rey pidiendo perdón a la ciudadanía. "Lo siento mucho. Me he equivocado. No volverá a ocurrir", dijo el monarca en unas breves declaraciones a los medios de comunicación tras recibir el alta hospitalaria.

En medio de una crisis de popularidad sin precedentes y con el fantasma que entonces suponía el ascenso meteórico de un partido antimonárquico como Podemos —que se declaraba preparado para tumbar el "régimen del 78"—, Juan Carlos I abdicó en el año 2014.

​Con este movimiento, el monarca dejó paso a su hijo, Felipe VI, una figura más joven y libre de las cargas adquiridas por su padre en los últimos años. Además, Juan Carlos I se separó paulatinamente de toda actividad institucional, alejando su imagen de la corona.

Sin embargo, en los últimos meses los fantasmas del pasado de Juan Carlos I siguen presentándose en la puerta del Palacio de la Zarzuela para atormentar a toda la Familia Real.

El dinero saudí

Según informaciones publicadas por medios de comunicación en los últimos meses, Corinna Larsen declaró en 2018 ante un fiscal de Suiza que Juan Carlos I le regaló 65 millones de euros procedentes del cobro de comisiones ilegales procedentes de Arabia Saudí.

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De acuerdo con la investigación suiza, esas comisiones (un total de 100 millones de dólares) habrían sido dadas al monarca a cambio de su trabajo como mediador en la adjudicación a empresas españolas de las obras para construir un tren de alta velocidad a La Meca.

Estas revelaciones, sumadas a la sucesión de nuevas informaciones —como la presunta existencia de un entramado para mover ese dinero ilegal o que un abogado del rey emérito habría introducido remesas de cientos de miles de euros a través de los controles del aeropuerto de Madrid— aumentaron la presión política sobre la Casa Real.

El pasado 15 de marzo la Casa Real reaccionó retirando la asignación económica a Juan Carlos I y anunciando la renuncia de Felipe VI a cualquier herencia personal de su padre.

No obstante, el caso siguió avanzando. Juan Carlos I no se encuentra imputado por ningún delito, pero el caso ya llegó a suelo español y la Fiscalía Anticorrupción del Tribunal Supremo ordenó diligencias para, en base a los indicios existentes, averiguar si el emérito pudo incurrir en algún acto delictivo.

Además, Corinna Larsen está imputada en la Audiencia Nacional, donde será llamada a declarar por unas grabaciones en las que habló de los presuntos negocios opacos del monarca

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Todo esto —unido a los debates jurídicos sobre los límites inviolabilidad del monarca— aumentó la presión en las últimas fechas. Incluso con la pandemia de COVID-19 copando la preocupación de políticos, ciudadanos y medios de comunicación, las preguntas sobre el emérito se volvieron habituales en las comparecencias del presidente Pedro Sánchez, que calificó como "perturbadoras" las informaciones sobre Juan Carlos I mientras alababa la gestión de su hijo.

De nuevo, la respuesta ofrecida por la Casa Real ha sido poner tierra de por medio. Juan Carlos I será el enésimo Borbón que abandona España. Esta vez no es un exilio, sino un intento de no salpicar a su hijo y a la institución monárquica.

Tras pasar casi 40 años representando a España ante el mundo, acorralado ahora por los escándalos, Juan Carlos I abandonó el país en secreto el 2 de agosto y el 3 de agosto hizo pública su salida en un escueto comunicado de cinco párrafos en el que ni siquiera dice dónde irá, algo que tanto el Gobierno como la Casa Real optan por seguir manteniendo en secreto.

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