Al comenzar su mandato en el año 2002, Álvaro Uribe —actual senador— declaró el estado de excepción para combatir a los grupos armados. Se restringió la libertad de circulación en determinadas zonas, se habilitaron allanamientos sin orden judicial y capturas sin pruebas, entre otras medidas. Solo durante el primer año de la gestión, las detenciones arbitrarias aumentaron 162% y en dos años fueron apresadas más de 6.000 personas.
"La política de seguridad de Uribe se basó en tres aspectos: el aumento de detenciones, el aumento de las bajas en combate y la suba de las desmovilizaciones de los grupos armados", dijo a En Órbita Franklin Castañeda, presidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.
El entrevistado señaló que "si bien se cumplieron estos tres aspectos, en todos hubo falsedades masivas que vendieron al país la idea de una falsa seguridad y una falsa efectividad de las autoridades".
En cinco años fueron detenidas 331 personas que enfrentaron procesos judiciales sin garantías. Castañeda se refirió a los denominados "lunes de recompensas", donde "se promocionaban ayudas económicas para personas que entregaran información a las autoridades. Podías ver filas de personas que daban testimonios".
Esta información era, en buena parte, "falsa y básica, lo que hizo que las autoridades usaran una estrategia de clonación de procesos, es decir, copiar y pegarlos". El presidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos ejemplificó de "casos contra 100 personas en los que se encontraba el mismo testimonio".
En el acto de reconocimiento estatal solicitado por las víctimas, piden amplia cobertura mediática para "restablecer con la misma masividad y difusión su honorabilidad e inocencia". En su diálogo con En Órbita, el entrevistado se refirió a las consecuencias personales y sociales de estas detenciones arbitrarias.
Argentina y la deuda
Horas decisivas se viven en la renegociación de la deuda argentina, después de que el presidente Alberto Fernández decidiera no extender la negociación de la deuda con los bonistas. Sin embargo, a última hora de este lunes 3 de agosto las conversaciones se retomaron y las acciones se dispararon 15% ante la expectativa de un acuerdo.
"Se busca mostrar firmeza en esta última oferta. Argentina no puede acercarse más a la posición de los acreedores. La primera oferta fue de 41 dólares cada 100 y ahora estamos en los 53,50, mientras Blackrock [principal grupo de acreedores] pide 56,50. Las diferencias son muy chicas", explicó a En Órbita la economista argentina, Candelaria Botto.
La estrategia argentina fue amenazar con "priorizar un nuevo programa con el FMI y dejar en espera esta reestructuración de deuda y advertir a los acreedores que las próximas ofertas serían mucho peores, con el fin de que acepten esta contraoferta", señaló la economista.
"Es difícil creer que, con esta diferencia tan corta, no vaya a haber un cierre o una prórroga en esta renegociación. Estos son días clave en el proceso", advirtió Botto.
Expectativas por la vacuna rusa
Rusia confirmó que su vacuna genera inmunidad contra el COVID-19. El ministerio de Defensa comunicó que "los resultados de los ensayos mostraron que todos los voluntarios tuvieron evidente respuesta inmunológica".
Conforme al protocolo de las pruebas clínicas, estas personas volvieron al hospital para someterse a estrictos análisis 42 días después de la primera vacunación. La vacuna —desarrollada por el laboratorio Gamaleya— no produce efectos secundarios y es segura para los humanos, destacó el Ministerio.
En tanto, el Fondo de Inversión Directa de Rusia negocia producir su vacuna en Brasil y la India, segundo y tercer país con más personas contagiadas del virus.
Por otra parte, Moscú firmó un acuerdo de suministro del medicamento Avifavir para el tratamiento del COVID 19 con países latinoamericanos. Estos son Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Paraguay y Uruguay. Según las autoridades sanitarias rusas el fármaco, basado en el antiviral favipiravir, demostró una alta eficacia durante los ensayos clínicos.
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