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Autoridades de El Salvador investigan un incendio que forzó la evacuación masiva

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SAN SALVADOR (Sputnik) — Las autoridades de El Salvador investigaban la posible intención criminal en un incendio desatado en una antigua fábrica de baterías, que forzó la evacuación de cientos de personas en el municipio San Juan Opico (centro), 40 kilómetros al noroeste de la capital.

"Hemos hecho una evaluación y creemos que alguien ingresó a la vieja fábrica de baterías Récord y provocó el siniestro. Aún no hay testigos, pero por las circunstancias y la estructura del inmueble, tenemos indicios de que el fuego fue provocado", afirmó Edwin Chavarría, director del Cuerpo de Bomberos de El Salvador.

​El incendio comenzó la noche del 2 de agosto y ganó intensidad antes de la llegada de los bomberos por el plástico y otros desechos inflamables que permanecían en el interior del lugar, pese a que la referida fábrica cerró operaciones hace casi 20 años.

El ministro de Gobernación (interior), Mario Durán, declaró en la madrugada la alerta máxima para el sistema de protección civil por la toxicidad del ambiente, que llevó a evacuar a unas 300 personas que viven en un radio de 200 metros alrededor de la instalación.

"El problema no es el fuego en sí, sino los gases tóxicos que emana. Posibles causantes de insuficiencia renal, cáncer, malformaciones en bebés en gestación, etc", advirtió el presidente Nayib Bukele en su cuenta de la red social Twitter, ante un posible envenenamiento con plomo.

La corte constitucional de El Salvador ordenó en 2015 realizar las actividades necesarias para restaurar el ecosistema afectado por el funcionamiento de la fábrica de baterías Récord, lo cual incluía la recogida de la materia prima, escorias y demás material contaminante que quedaba.

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La Sociedad Baterías S. A. de C.V., responsable de la fábrica, se dedicaba a reciclaje y a la fabricación de baterías electrolíticas ácido-plomo, para lo cual empleaba aceite usado, viejas baterías, chatarra de plomo, materias de fundición, y otros productos tóxicos.

Aunque la empresa pertenecía a la familia de Miguel Lacayo, ministro de Economía de El Salvador durante la gestión de Francisco Flores (1999-2004), la Sala de lo Constitucional ordenó que la descontaminación corriera a cargo del Ministerio de Medio Ambiente (MARN) y de la alcaldía de San Juan Opico.

Por entonces, según una investigación del portal Gatoencerrado, al interior de la fábrica quedaban entre 33.000 y 50.000 toneladas métricas de plomo y depósitos con arsénico, selenio, ácido sulfúrico, y otros elementos de elevada toxicidad.

Una pesquisa del MARN detectó entonces hasta un 300% de plomo en las aguas residuales de la fábrica, aunque desde 2003 la población en sus alrededores sufría de anemia, vómitos, dolores de cabeza, asociados a dicha sustancia. 

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