"Hemos visto por conveniente clausurar el año escolar y se aplica desde este 3 de agosto, y todos pasan al siguiente grado y los maestros del sistema fiscal seguirán cobrando sus salarios", dijo el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez en una declaración transmitida por la televisión estatal.
El gobierno de la Presidenta Constitucional de #Bolivia, @JeanineAnez, a través del Min de la Presidencia, @yerko_nunez, comunica la clausura del año escolar 2020
— Min. Presidencia (@MinPresidencia) August 2, 2020
La medida es para todo el sistema educativo a nivel nacional#TeCuidoMeCuidas#CoronavirusEnBolivia pic.twitter.com/uZoIpNkyvq
El anuncio gubernamental, hecho desde la ciudad oriental de Santa Cruz donde la presidenta Jeanine Áñez y varios de sus ministros trabajan desde el 30 de julio pasado, ocurrió un día antes de que se inicie la considerada fase dura de protestas contra el aplazamiento de las elecciones generales hasta el 18 de octubre.
Brecha digital
La clausura de la gestión escolar dejaba de manifiesto las grandes diferencias tecnológicas entre las ciudades y el campo y entre los colegios privados y los del sistema público boliviano.
Las clases de este año habían comenzado normalmente en febrero y resultaron paralizadas a mediados de marzo por la emergencia sanitaria, que los colegios privados respondieron con un generalmente rápido traspaso a clases virtuales, que parecían haberse consolidado a partir de abril.
Como es frecuente en las declaraciones del Gobierno transitorio, Núñez criticó "el lamentable retraso tecnológico producto de las últimas décadas" y anunció que en los próximos meses se desarrollarán proyectos de ampliación de las redes de fibra óptica y satelital, con mejores accesos a internet.
Añadió que la decisión de clausura se debía también a la "actitud radical y partidista de la dirigencia sindical del magisterio", que había iniciado en julio una campaña de rechazo a los planes gubernamentales de educación virtual, denunciando que quedarían marginados vastos sectores empobrecidos de la población.
Esas elecciones, que estaban convocadas para mayo, habían sido fijadas para el 6 de septiembre en un difícil acuerdo político de hace dos meses, pero el Tribunal Electoral decidió recientemente posponerlas hasta el 18 de octubre.
Según el Gobierno de Áñez, instalado sin aval parlamentario en noviembre pasado, realizar elecciones en pandemia causaría una infección masiva de COVID-19, imposible de atender por un sistema sanitario nacional ya colapsado con los casi 80.000 casos y más de 3.000 muertes reportados hasta este fin de semana.