La Marina ya había asumido la responsabilidad sobre las capitanías de puertos desde 2017, por lo que ya controlaba la seguridad de esos puntos de entrada. No obstante, la supervisión de los puertos se mantenía en la cartera de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuyo titular, Javier Jiménez Espriú, renunció tras expresar su desacuerdo con la decisión presidencial.
Expertos consultados por Sputnik coincidieron en que este es un factor que puede complicar la operación de los puertos y aduanas. Por una parte, Raúl Benitez Manaut, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), indicó que, a pesar de la certeza sobre los problemas de corrupción en estos puntos, no se puede pensar que la entrada de las Fuerzas Armadas cambiará esta situación.
"El argumento de que el Ejército y la Marina pueden vigilar mejor las aduanas yo lo dudo, porque no tienen el personal especializado. En realidad, esto es una forma de cubrir una cosa más sencilla: la vigilancia más detallada de las aduanas de Manzanillo y Lázaro Cárdenas (Michoacán). Esa es la verdadera razón, no tienen la capacidad, ni el Ejército ni la Armada, de controlar todas las aduanas del país. Menos de asumir las tareas de vigilancia", consideró.
La iniciativa presidencial se centra en reforzar los procesos de seguridad y revisión en los puertos y aduanas de México, pero no contempla desplazar a otras dependencias. Esto, por tanto, básicamente encierra la intención de establecer procesos más estrictos de protección portuaria y estándares más elevados de revisión.
Al respecto, Antonio Rodríguez Fritz, secretario del trabajo de la Orden de Capitanes y Pilotos Navales de la República Mexicana, similares y conexos (OCPNRM), expuso a Sputnik que la lógica de esta decisión es incomprensible, puesto que los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas ya son supervisados por altos mandos de la Armada de México.
"Supuestamente los peores casos de tráfico de sustancias ilícitas se dan en los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Pero justamente esos puertos están en manos de personal de la Armada de alto rango —actualmente los capitanes de puerto son los contralmirantes Javier Mendoza Rosales y Antonio Vargas Aguirre— (…) Lo extraño es que los puertos más militarizados son los que se encuentran en peores condiciones de seguridad y son los que son tomados como ejemplo malo", cuestionó.
A su vez, Raúl Benítez indicó que la entrega de los puertos a las Fuerzas Armadas debe ser aclarada en varios puntos, puesto que se requeriría de diversos cambios a las leyes actuales para permitir que el Ejército y la Armada operen estos puntos.
"Es cierto que se está dando esa militarización, que no es lo mejor y que tampoco me parece será capaz de romper la corrupción en las aduanas. El Ejército se está empoderando más, asumiendo cada vez más funciones. Pero tampoco se ha aclarado quién va a vigilar qué: si la Marina, el Ejército o la Guardia Nacional van a vigilar solamente aduanas navales, si lo va a hacer uno o lo harán entre los tres, incluso si habrá gente de Hacienda acompañándolos o no", recordó.
El cambio fue avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras revisar cuatro amparos en los que se pedía echar abajo la medida, bajo el argumento de que los empleados de las capitanías habían quedado sujetos a un régimen castrense. En aquel momento, los ministros concluyeron que la Marina no tenía facultades para mandar sobre civiles, por lo cual la situación que se denunciaba era falsa.
Dado este antecedente, el secretario de la OCPNRM advirtió que es muy probable que las autoridades militares se valgan de subterfugios para implementar de facto los cambios propuestos por López Obrador.
"Una de las posibilidades que van a tratar de utilizar es que el control quede en manos de elementos en retiro de la Semar, aduciendo que son civiles. En realidad, un militar en retiro continúa siendo militar. Podrían asignarles a ellos estas funciones, pero no dejaría de ser una militarización, porque el control y coordinación estaría en manos de la Secretaría de Marina", destacó.
Rodríguez Fritz recordó que la militarización de las aduanas y puertos no es una solución correcta a los problemas de corrupción en estos puntos, puesto que esto viola la Constitución mexicana. Específicamente, hizo referencia al artículo 129, el cual estipula que, en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las directamente asociadas con su propia disciplina.
"Nuestra lógica siempre ha sido que los puertos deberían retornar a ser civiles. No solamente por una cuestión de que deben ser personas que conozcan el mercado internacional, sino porque no existe otro país socio comercial de México, excepto aquellos que pasaron por algún proceso de dictadura militar, que tengan militares en estas funciones", mencionó.
