Se trata probablemente de la iniciativa privada más novedosa para enfrentar algunos de los problemas que la pandemia de COVID-19 ha provocado en este empobrecido país, donde hay cada vez más sospechas de que los infectados y muertos no registrados son tantos o más que los reportados oficialmente.
Y según reportes de medios y denuncias en redes sociales, hay una especie de colapso paralelo de contagios no reportados o no atendidos por los servicios sanitarios formales y decesos de personas altamente sospechosas de COVID-19 que terminan en cementerios o servicios crematorios clandestinos.
Una necesidad
"Éste es un emprendimiento de varios empresarios privados, cuatro ingenieros que hemos puesto todo el empeño en buscar una solución para la falta de capacidad de los cementerios, donde hay dolor y conflictos por la falta de espacios en los lugares asignados a las víctimas de la pandemia", dijo uno de los responsables del proyecto, Carlos Ayo, a reporteros que lo abordaron el jueves en la calle.
Mostrando la cámara principal del aparato, de la que salía un fuerte calor producto del fuego encendido a modo de muestra, Ayo dijo que su empresa no pretendía brindar servicios de cremación sino proveer los aparatos a gobiernos municipales y empresas funerarias cuya capacidad ha sido rebasada por la crisis.
"Hay muchos cadáveres cada día en las calles, hospitales y funerarias no se dan abasto. La gente nos pide directamente el servicio de cremación pero eso no lo hacemos, nosotros solo fabricamos los hornos y los ofrecemos a cementerios y funerarias que pueden llevarlos a cualquier parte", indicó el empresario.
Explicó que el horno transportable puede incinerar un cadáver en aproximadamente 50 minutos, consumiendo para ello dos garrafas de gas licuado de petróleo (cada una con capacidad de 10 kilogramos), lo que significa un costo energético de 45 bolivianos (6,50 dólares) por cremación.
Los hornos portátiles estaban disponibles en principio en tres versiones, de 27.500, 45.000 y 75.000 dólares cada uno, según el grado de automatización.
"Esperamos que las autoridades apoyen esta iniciativa y permitan su uso extendido porque va a facilitar las tareas de una correcta disposición de los cadáveres", añadió.
Drama callejero
Fernando Martínez, presidente de la junta de vecinos de la marginal Villa Remedios, dijo a Sputnik que los hornos crematorios portátiles podrían ser una buena solución si el gobierno municipal apoya la iniciativa.
"La inversión al final se justificará porque se evitarán contagios y más gastos sanitarios por la mala manipulación de los restos", afirmó.
Según reportes de la Policía y la oficina forense de la Fiscalía, en los últimos cinco meses han sido recogidos de calles y domicilios los cadáveres de unas 4.000 personas que al menos en un 85% de los casos eran positivas o presentaban fuertes síntomas de COVID-19.
La mayor parte de esos decesos no estaba consignada en los reportes oficiales y los servicios sanitarios no hicieron post-mortem de los sospechosos, dijo la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, que hizo los levantamientos legales de los restos.
Imágenes de personas fallecidas supuestamente por COVID-19 y abandonadas en calles y plazas son frecuentes en los medios, que reportaron en varias ciudades los casos de velatorios de hasta diez días en los domicilios, por la saturación de los servicios funerarios y de los cementerios.
Medios informaron también de largas filas de carros fúnebres esperando los servicios de cremación de los cementerios municipales de La Paz y Cochabamba (centro).
La mayor cantidad de casos de cadáveres recogidos en las calles se registró en el departamento oriental de Santa Cruz, el más golpeado por la pandemia, en el que se ha reportado hasta ahora casi la mitad de los casos de COVID-19 de todo el país.
