Emilio Lozoya es acusado de los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, debido a que presuntamente recibió sobornos por poco más de 9 millones de dólares por parte de la constructora Odebrecht.
El juez confirmó a los representantes legales del exfuncionario y los designó como sus abogados, mismos que protestaron el cargo de abogados defensores. La Fiscalía General de la República pidió cumplimentar la orden de aprehensión contra Emilio Lozoya.
Según la Fiscalía, Emilio Lozoya ofreció al exdirector de Odebrecht México Luis de Meneses Weyll un cargo público en caso de que Enrique Peña Nieto ganara las elecciones presidenciales de 2012, así como le favoreció a Weyll para conseguir contratos de obra pública. Además, cuando Lozoya coordinaba la campaña electoral intentó ocultar diversas transacciones bancarias en cuentras a nombre de su hermana, Gilda, y su madre, Margarita Austin.
La FGR sostuvo que la transferencia de 1,385 millones de dólares a la madre de Emilio Lozoya por un inmueble en Ixtapa Zihuatanejo tiene un origen ilícito.
Según la FGR, el hecho que en México se hicieran sobornos por 10,5 millones de dólares para asegurar contratos en diversas obras públicas de 2011 a 2014 fue confirmado por los testigos protergidos en Brasil por el caso Odebrecht, que son Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora brasileña, y Luis Alberto Meneses Weyll, exdirector de Odebrecht en México.
Gracias a este esquema de negocios ilícitos la empresa brasileña recibió beneficios por 39 millones de dólares, el "pago" por lo cual Lozoya recibió a su cuenta en Suiza.
Las autoridades mexicanos también subrayaron que las declaraciones de Luis Alberto de Meneses Wally son de las más importantes en contra del imputado, ya que revelan que De Meneses Wally junto con exdirector de Pemex diseñaron una infinidad de planes irregulares.
A su vez, el exdirector de Pemex declaró que no es culpable ni responsable de los hechos que se le imputan y agregó, igual que en la primera audiencia, ya por el caso Agronitrogenados, que "fui intimidado, presionado, influenciado e instrumentalizado".
Su defensa subrayó que Lozoya aceptó su extradición porque tiene la intención de colaborar con la FGR y por ello solicitó desactivar la orden de aprehensión en su contra por el caso Odebrecht.
En el desarrollo de la audiencia, la Fiscalía explicó que Marielle Helene Eckes, esposa de Lozoya, "se alió" con un representante legal, quien también fue secretario de administración de Altos Hornos de México SA de CV.
En la audiencia del 28 de julio, el juez vinculó al extitular de Pemex por operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso de la compra irregular de Agronitrogenados que, según la Fiscalía General de la República, provocó un daño a la petrolera de 150 millones de dólares.
Tras la vinculación, la FGR solicitó que Emilio Lozoya permanezca bajo custodia en el Hospital Ángeles del Pedregal de la Ciudad de México, en el que se encuentra internado desde su extradición de España mediante la utilización de un brazalete electrónico. Además se le despojó de pasaporte y visa para evitar que salga de México, ya que actualmente existe riesgo de que se dé a la fuga.
