El juzgado de vigilancia penitenciaria ha acordado suspender el tercer grado al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y a otros cuatro presos del procés mientras resuelve el recurso de la Fiscalía contra el régimen abierto que les concedió la Generalitat el 14 de julio.
"Se acuerda el efecto suspensivo de dicha calificación así como su tramitación preferente y urgente", comunicó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
La titular del jugado de vigilancia penitenciaria número cinco de Cataluña, sobre la que recaen los recursos relativos a Junqueras, los exconsellers Raül Romeva y Joaquim Forn, el exlíder de la ANC Jordi Sànchez y el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, acuerda que el escrito de la Fiscalía comporta el afecto suspensivo del tercer grado hasta que se resuelva el fondo del asunto.
La retirada del régimen de semilibertad llega horas después de que la Fiscalía provincial de Barcelona interpusiera un recurso solicitando esta medida.
El régimen de tercer grado, concedido a estas personas el pasado 14 de julio, implica que los internos solo deben acudir a la cárcel para dormir de lunes a viernes, mientras que pueden pasar los fines de semana fuera de prisión.
Por ello, el Ministerio Público pidió volver a clasificar a los presos independentistas como de segundo grado y dejar en suspenso los actuales permisos mientras se resuelve esa petición, algo a lo que accedió el juez.
La petición de la Fiscalía también se extiende también a la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, que recientemente también recibió un revés judicial porque el Tribunal Supremo le retiró los permisos para salir de la cárcel a hacer labores de voluntariado.
Está previsto que en los próximos días la Fiscalía decida también si presenta escritos contra la semilibertad de los exconsejeros Josep Rull, Jordi Turull y Dolors Bassa.
Todas estas personas fueron condenadas por su papel en la organización del referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017 pese a que fue prohibido por la Justicia.
El fiscal considera además que los exdirigentes del Gobierno catalán siguen creyendo que los hechos por los que fueron condenados no son constitutivos de delito, y pone como ejemplo varias de sus declaraciones públicas.
En ese sentido, la Fiscalía concluye que el régimen de semilibertad “muy lejos de favorecer el cumplimiento de los fines de la pena, lo que hace es crear una total sensación de impunidad tanto en el interno como en la sociedad".
Por su parte, Oriol Junqueras respondió a través de un mensaje en redes sociales afirmando que "el tercer grado no es impunidad ni libertad" sino "un derecho penitenciario".
A su modo de ver, el hecho de que se retiren esos permisos a los presos catalanes refleja que la administración española no busca justicia sino que "aplica venganza".
