Entre los cambios que se proponen se encuentra el aumento en la tasa de ahorro, la cual pasará del actual 6,5 % a 15% de su salario. En México, la aportación que compone el ahorro para retiro de los trabajadores inscritos al Seguro Social se divide en tres: 5,15% lo otorga la empresa, 0,225% el Gobierno y 1,125% proviene del sueldo pagado al empleado.
La iniciativa del Ejecutivo mexicano establece un aumento en el ahorro a partir de una mayor aportación por parte de los patrones, mientras que los porcentajes del Gobierno y los empleados se mantendrán en el mismo nivel, según la Asociación Mexicana de Afores (Amafore).
Por último, durante la presentación de la iniciativa, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, indicó que, de aprobarse esta propuesta, se espera que los trabajadores vean un aumento en su pensión de 40%. En la actualidad, el valor promedio de una pensión del Seguro Social se ubica 3.289 pesos mexicanos (146 dólares), equivalentes al 80% de un salario mínimo. La propuesta, según el Gobierno, permitiría que las pensiones aumenten a un promedio de 4.345 pesos (193 dólares).
Expertos consultados por Sputnik aseveraron que los beneficios destacados por el Gobierno en relación con esta propuesta podrían dejar de lado diversas dificultades, tanto en el desarrollo del mercado laboral en México, como en la definición de un sistema de pensiones integral.
Alejandra Macías Sánchez, directora de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), apuntó que estas medidas afectan únicamente al porcentaje de la población pensionada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde se agrupan alrededor de 4 millones de personas. No obstante, advirtió que algunas de las medidas anunciadas podrían tener efectos desfavorables en el mercado laboral del país.
"La opción de que el patrón absorba el aumento en las aportaciones, por un lado, protege a la población, pero nos preocupan los efectos que pueda haber, por ejemplo, en que las prácticas para registrar a los trabajadores con ingresos bajos pudieran reforzarse, o aumenten las contrataciones por outsourcing o por honorarios", señaló.
Del mismo modo, expuso la necesidad de que el Gobierno presente un documento formal de la iniciativa, a fin de aclarar las nuevas reglas y gastos que implicará su puesta en marcha.
"Una cosa es un anuncio, con algunas gráficas, y otra que haya un documento que te diga explícitamente cuáles son las reglas, cuándo y cómo van a entrar en vigor, cuáles son los actores. ¿Qué va a pasar con los recursos públicos que se destinan al pago de las pensiones? De por sí ya son muy altos y parece que está reforma viene a aumentarlos", destacó.
"Esta propuesta no va al fondo del asunto. No examinó la posibilidad de darle otra orientación al sistema de pensiones y significa, para todo propósito, un incremento de las aportaciones patronales —que no sabemos cuándo van a empezar, porque la iniciativa apenas va a ser presentada— y un incremento sustancial de los subsidios", alertó.
Desde la perspectiva del académico, la iniciativa del Gobierno da continuidad al sistema de ahorro para el retiro establecido desde 1997, a la espera de que la rentabilidad de los fondos de los trabajadores se incremente con base en un mayor gasto público.
"El secretario Herrera presumió que los trabajadores no pondrán de su salario para incrementar su ahorro. Pero ahora el Gobierno federal va a poner muchos más recursos, porque está ofreciendo que, al disminuir las semanas de cotización, va a haber menos negativas de pensión. Un universo de trabajadores va a resultar beneficiado, pero eso se va a pagar con recursos fiscales. Necesitamos ver en la iniciativa cuánto va a ser el monto que tienen estimado, pero el saldo neto que podemos sacar es que, el modelo de capitalización individual (las Administradoras de Fondos para el Retiro, Afores) se mantiene incólume, siendo que este modelo no garantiza pensiones dignas", lamentó.
Alejandra Macías indicó que también será necesario analizar los problemas que podría acarrear la iniciativa a nivel intergeneracional.
"Vas a tener una población que se pensiona con el esquema anterior, con pensiones más altas; otra, la primera generación con Afores, que van a tener pensiones del 30% de su sueldo. Ahora, con esta reforma vas a tener otra población con pensiones del 50% de su sueldo. Tendrás ahí una heterogeneidad en un derecho que debería de ser igual para todos los mexicanos", explicó.
Si bien la directora de investigación del CIEP consideró que las medidas propuestas van acordes con las sugerencias de especialistas nacionales e internacionales, subrayó que una reforma en pensiones necesita incluir todos los pilares que componen a ese sistema en México, así como a todas las instituciones que participan en él.
A su vez, Gustavo Leal mencionó que la propuesta del Gobierno implica que será cada vez más caro financiar un sistema soportado artificialmente por los subsidios que el Estado otorga a las Afores.
"En realidad, lo que se decidió es un mensaje a los mercados, respecto a que el Gobierno mexicano está siendo muy responsable en el manejo de las finanzas públicas, que no hay ninguna estatización del sistema de pensiones… Puedo garantizar desde ahora que no va a ser una reforma de gran duración, porque no va a resolver el problema de fondo. Habrá que volver a actuar muy pronto", anticipó.
