El juez Rodolfo Canicoba Corral "procesó al exministro Dietrich", informaron fuentes judiciales a las que accedió Sputnik.
En el expediente ya habían sido procesados por los mismos delitos el exdirector de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, y el ex Procurador del Tesoro Nacional, Bernardo Saravia Frías.
"Cada uno de los imputados realizó, en el marco de las respectivas competencias funcionales que ostentaban, el aporte necesario para que la maniobra se desarrollara del modo planeado", sostuvo el juez en su resolución.
Rechazo de planteos
Los funcionarios del Gobierno de Macri "actuaron con intención de perseguir una finalidad: beneficiar a las mencionadas empresas", lo que "generó un perjuicio económico al erario público, producto de un actuar doloso", sostuvo el juez.
En su fallo, Canicoba Corral denegó los recursos que los tres imputados habían presentado por supuesta falta de imparcialidad y vulneración del derecho de defensa.
"He observado escrupulosamente las normas procesales en general y las garantías personales en particular incluso más allá de la manda estricta de la ley", se defendió el juez.
El magistrado señaló de ejemplo que haya permitido declarar desde los domicilios o despachos elegidos, lugares que impedían controlar con cabalidad el cumplimiento de las normas.
"Pero, además, han tenido acceso por medios digitales a la totalidad de la causa", añadió.
La causa investiga las irregularidades en la prórroga de los contratos de concesión a Autopistas del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario Oeste por los peajes de la Panamericana, que se dirige por el norte de la provincia de Buenos Aires (oeste), y del Acceso Oeste, que recorre ese distrito por el oeste.
El juez considera probado que "existió un acuerdo previo de naturaleza clandestina" entre los funcionarios y empresarios para beneficiar a Autopistas del Sol, cuyo accionista era la empresa del entonces presidente Mauricio Macri, y al Grupo Concesionario del Oeste.
Tres días antes de que Macri asumiera como presidente el 10 de diciembre de 2015, Ausol, a través de su controlante española Abertis, simuló una demanda contra el Estado por más de 1.100 millones de dólares por supuestos atrasos tarifarios.
La demanda de Ausol, que fue elevada a Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, supuestamente era una justificación para forzar la renegociación del contrato de concesión, cuya finalización operaba en 2020.
Se trató de "un complejo engranaje de maniobras que a todas luces tuvo como única motivación, los intereses particulares de las empresas concesionarias intervinientes", entre las que estaba la compañía Sideco Americana, en la que el presidente Mauricio Macri y sus familia tenía acciones.
La causa fue iniciada por una denuncia de los diputados oficialistas Rodolfo Tailhade, Adrián Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau por las irregularidades en la prórroga de las concesiones por diez años más sin licitación.
