El encuentro en sí fue poca cosa: apenas duró media hora y, según apuntan desde la diplomacia española, sirvió para debatir la aplicación de los memorandos de entendimiento tras el Brexit, con los que se regulan cuestiones como la colaboración policial o el comercio de tabaco tras el divorcio.
Desde el conservador Partido Popular —la primera fuerza de la oposición— calificaron el encuentro como un "error histórico" que cuestiona los "derechos históricos" de España sobre Gibraltar. En opinión del líder de los populares, Pablo Casado, la ministra de Exteriores debe ser reprobada por su "inadmisible reconocimiento" de Picardo como un "interlocutor válido".
Más duras fueron las críticas desde la formación ultraderechista Vox, que en un comunicado acusó al Gobierno de llevar a cabo "una ruptura sin precedentes de la posición diplomática española con respecto de la soberanía del peñón de Gibraltar".
"¡Qué vergüenza! ¡Qué infamia! Tenemos un gobierno indigno y traidor a España que ha roto 300 años de consenso nacional en Gibraltar", clamó en redes sociales Agustín Rosety, diputado de Vox en el Congreso de los Diputados.
A las críticas se unen —en un tono más sosegado, eso sí— los liberales de Ciudadanos, que se unirán a los partidos de la derecha para pedir la comparecencia de la ministra en sede parlamentaria. Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos, cree que González Laya "tendrá que dar explicaciones sobre el porqué de esa reunión y los temas que se trataron".
Un contencioso de 300 años
Recordemos: Gibraltar es un territorio de ultramar británico situado al sur de la Península Ibérica, con una superficie de casi siete kilómetros cuadrados y una población de 33.000 personas. Este territorio cayó bajo dominio británico en el año 1704 en el contexto de la Guerra de Sucesión española y finalmente España reconoció la potestad de la corona británica sobre la ciudad y el puerto de Gibraltar en el Tratado de Utretch, firmado en 1713.
En los últimos años, al calor del Brexit, España aprovechó la coyuntura para reforzar su reclamación de soberanía con movimientos como el reconocimiento por parte de la Eurocámara de que Gibraltar es una colonia —algo que las autoridades del Peñón y Londres siguen rechazando— o la adquisición de un derecho de veto sobre cualquier acuerdo futuro entre la Unión Europea y el Reino Unido cuya aplicación afecte a Gibraltar.
Sin embargo, el Brexit también crea una nueva realidad en la que, más allá de las reclamaciones históricas, las incertidumbres del aquí y ahora afectan a la vida de quienes viven a ambos lados de la frontera.
La historia contra el presente
En condiciones normales —es decir, antes de la llegada del COVID-19— unos 10.000 vehículos y 30.000 personas cruzaban de forma diaria la verja que separa el territorio británico del conocido como Campo de Gibraltar, una comarca de 270.000 habitantes en la provincia española de Cádiz.
Con ese escenario de fondo, la visita de la ministra de Exteriores a la zona tenía como principal objetivo conocer de primera mano la situación en el Campo de Gibraltar ante la recta final de la negociación del Reino Unido con la UE para definir su relación futura.
Por ejemplo, un asunto importante de esa negociación será el mantenimiento de los derechos transfronterizos para los trabajadores que cada día cruzan la verja en Gibraltar, unos derechos que por ahora solo están blindados hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, estas cuestiones quedaron eclipsadas por la reunión entre González Laya y Picardo.
Desde la Cancillería española respondieron a las críticas de la oposición subrayando que la reunión fue un "encuentro informal" en el que no se trataron temas de soberanía, ya que no consideran a Picardo como interlocutor válido para tratar esos asuntos.
"Esto no significa ningún reconocimiento más allá de que existe una realidad que afecta a muchos españoles, y son esos intereses los que nos importan", dijo Ábalos.
Anécdota o no, las reacciones al encuentro son un nuevo episodio en el viejo dilema español de afrontar las cuestiones relacionadas con Gibraltar de forma pragmática, intentando mantener una interlocución útil con las autoridades del Peñón, o tener mano dura de forma constante para mantener viva la reclamación de soberanía.
De hecho, esta polémica llega apenas unos días después de que el Congreso de los Diputados aprobase un Tratado Fiscal entre España y Reino Unido para poner coto a lo que Madrid considera una competencia desleal del Peñón por sus bajos tipos recaudatorios. Tanto PP como Vox votaron en contra, acusando al Gobierno de haber perdido también en ese ámbito, una oportunidad de seguir presionando para restaurar la soberanía española del Peñón.
"Con los acuerdos se pone coto a la competencia desleal que ejerce Gibraltar en el ámbito fiscal (…) Evidentemente eso no resuelve todos los problemas ni el contencioso histórico sobre Gibraltar, pero tampoco hay que menospreciarlo", respondió en una reciente entrevista con el medio Europa Sur la canciller González Laya, que en los últimos días recibió un curso acelerado sobre la necesidad de hacer equilibrios y guardar discreción en todo lo referente a Gibraltar.
