"El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) realizó el reconocimiento legal de 3.016 cadáveres de personas sospechosas o confirmadas de COVID-19, en ambientes extrahospitalarios", dijo el director de ese organismo, Andrés Flores, citado por el diario La Razón.
En un reporte paralelo, la Policía dijo que solo en los últimos cinco días recogió 420 cadáveres en calles y domicilios de cinco ciudades, de los que la causa probable de muerte era COVID-19 en por lo menos el 85% de los casos.
Flores dijo que los decesos extrahospitalarios registrados por el IDIF correspondían al período del 1 de abril al 19 de julio.
Diversos artículos de medios locales, de las últimas semanas, sugerían también que la cifra real de casos de COVID-19 sería muy superior a los contagios confirmados, 62.357 hasta el 21 de julio, debido a un evidente colapso de la red nacional de laboratorios en la que se acumulaban millares de muestras sin procesar.
Flores indicó que 1.316 de los decesos extrahospitalarios vinculados a COVID-19 que registraba el IDIF correspondían al departamento oriental de Santa Cruz, el más afectado por la pandemia, donde el número oficial de decesos era de 854.
La pandemia, actualmente en fase explosiva según el Gobierno, ha sobresaturado no solo los hospitales y centros sanitarios de emergencia, sino también los cementerios, donde los gobiernos municipales trataban de ampliar la capacidad de los servicios de cremación.
Ante ello, la alcaldía de la ciudad contigua de El Alto anunció el 20 de julio que, ante el colapso de su cementerio, firmaría contratos con cementerios privados de La Paz.
Otra situación crítica se registraba en la ciudad de Cochabamba (centro), donde ya se volvían habituales las imágenes de cadáveres abandonados en la calle mientras se contaban por decenas los casos de familias que velaban varios días a sus difuntos en sus domicilios, en espera de servicios funerarios.
